La Sala Penal Tercera rechazó la recusación presentada por la defensa de la expresidenta Jeanine Áñez contra los jueces del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz y ratificó su competencia para llevar adelante el juicio oral por el caso golpe de Estado I.

“La Sala Penal Tercera se ha pronunciado en relación a esta excusa (…), en consecuencia se mantiene la competencia de este Tribunal. La recusación planteada por la señora Jeanine no tenía asidero jurídico, ni fundamento en el cual pueda basar su petitorio”, informó el abogado Jorge Nina.

La defensa de Áñez presentó la recusación contra el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción debido a que los jueces emitieron una sentencia el pasado 10 de junio de 2022 por el caso golpe II.

El caso golpe de Estado I, investiga los hechos previos a la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019, cuando Añez ejercía el cargo de Senadora.

“Este Tribunal va conocer la causa, se está notificando, actualmente, ya se ha notificado, por orden instruida la anterior semana a las personas que están siendo forajidas de la Justicia (…) Estamos esperando que se pueda devolver estas notificaciones para luego pedir que el Tribunal ya pueda señalar con un auto de apertura el inicio del juicio oral contradictorio”, explicó Nina, en entrevista con radio Éxito.

De acuerdo con la fiscalía, la acusación formal por el delito de terrorismo es en contra del excívico y actual gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho; la expresidenta y senadora Jeanine Añez; el exlíder cívico potosino, Marco Pumari; el exministro de Defensa, Luis Fernando López; el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman; el excomandante de la Policía, Yuri Calderón; y los exjefes militares Jorge Fernández y Carlos Orellana.

De ellos, Camacho, López, Kaliman y Calderón son acusados en grado de autoría; entretanto, Añez, Pumari, Fernández y Orellana por complicidad.

En el marco de estas investigaciones están con detención preventiva la exsenadora Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, en las cárceles de Obrajes (La Paz), Chonchocoro (Viacha) y Cantumarca (Potosí), respectivamente.

Entretanto, Murillo está encarcelado en Estados Unidos y Fernando López prófugo de la justicia boliviana en el exterior.