El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) defendió la prórroga de magistrados y consejeros del Órgano Judicial y expresó su deseo de que se puedan realizar las elecciones judiciales.

El presidente del TSJ, Marco Jaimes, afirmó este martes que  “no se puede concebir” la idea de un Estado sin el funcionamiento del Órgano Judicial, el cual expresa, a través de las leyes, la representación que se le otorgó por medio del voto popular.

“La potestad de impartir justicia que emana del pueblo boliviano se ejerce ahora por medio de las autoridades jurisdiccionales del Órgano Judicial con la legitimidad intrínseca del voto ciudadano válido, previsto así por la Constitución y la ley, constituyéndose el Tribunal Supremo de Justicia en la máxima instancia de la justicia ordinaria tal como manda el artículo 181 de la ley fundamental (Constitución Política del Estado)”, señaló el titular de TSJ, en el acto central por los 197 años de instalación de la ex Corte Suprema de Justicia.

Jaimes, en ese sentido, afirmó que es y será el trabajo del TSJ el que “diluya” la “alusión mediática” por la prórroga de los magistrados.

“La alusión mediática de prórroga que martilla el quehacer de este Tribunal, pretendiendo erosionar la confianza ciudadana, se diluye frente al trabajo responsable y oportuno que se cumple por Sala Plena y salas especializadas”, manifestó el Presidente del TSJ.

Añadió que el solo imaginar al TSJ sin sus magistrados “sería desarmonizar la institucionalidad constitucional y dejar sin efecto un componente fundamental de la organización y estructura del poder público”, el cual traería consecuencias directas a la población, respecto a la resolución de sus conflictos jurídicos, pero también “en autoridades de segunda instancia que son designados por Sala Plena” de esta máxima instancia.

“Los efectos negativos de ese vacío, no se tendrían que medir bajo ese prisma del interés político, sino bajo el baremo de la afectación de los derechos y garantías de los ciudadanos, en consideración al sacrificio de la población que acude a un juzgado a exigir justicia”, indicó.

A su turno, el decano del TSJ, Juan Carlos Berríos, aseguró que los magistrados y consejeros del Órgano Judicial fueron elegidos a través de una elección popular.

“Hemos cumplido de manera legítima nuestra labor y lo seguimos haciendo en el presente, a través de la Declaración Constitucional que es sobre todo un mandato que nos obliga a estar trabajando de manera disciplinada y responsable en esta institución, y lo haremos hasta el último momento que nos toque permanecer”, afirmó.

Las elecciones judiciales debieron llevarse adelante en 2023, pero el proceso de preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) fue paralizado en distintas ocasiones debido, sobre todo, a diversos recursos judiciales y constitucionales.

Además, en un inicio, tropezó con una falta de acuerdos parlamentarios que obligaron, incluso, a que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sentencie que todo el proceso debe ser aprobado por dos tercios de la ALP.

Al respecto, el lunes las principales cabezas del Legislativo acordaron que el proceso de preselección – que ya está en la etapa de evaluaciones, la última antes de que la lista de postulantes pase a la ALP-  seguirá “contra viento y marea” y a pesar de las decenas de recursos judiciales que piden su paralización.

El Presidente del TSJ, en ese sentido, aseveró que para esa instancia es “fundamental” que haya comicios judiciales para contar con nuevas autoridades con “la misma legitimidad” que la que tienen los actuales magistrados, por lo que, dijo, “venimos aguardando que (las elecciones) sean resueltas por el Órgano Legislativo”.

“Comprendemos que hay posturas e intereses políticos sobre los cuales no queremos pronunciarnos. Lo fundamental para nosotros es la demostración de que la continuidad de funciones permite brindar un servicio efectivo y eficaz a la población”, agregó.

// Con información de La Razón y Correo del Sur