Un nuevo escollo en el proceso de las elecciones judiciales. La Sala Constitucional Primera del Beni dio curso a otro recurso y ordenó volver a paralizar el proceso de las elecciones judiciales, que debía iniciar la etapa de evaluaciones a los postulantes que siguen en carrera.

En la sesión de la Comisión Mixta de Constitución, el presidente de esa instancia, senador Miguel Rejas, informó que la notificación de la medida cautelar llegó alrededor de medio día; sin embargo, durante la tarde por unanimidad los legisladores decidieron seguir con el proceso.

En consecuencia, siguió Rejas, a las 6 de la tarde llegó una nueva notificación en el que se informa que la Sala Constitucional decidió imponer una multa de 5 mil bolivianos a todos los legisladores de la Comisión por no acatar la medida cautelar. Incluso, señaló, se ordenó el congelamiento de sus cuentas.

La nueva medida cautelar contra las judiciales se da a raíz de un recurso presentado por Heidy Padilla Medina contra las dos comisiones mixtas del parlamento, por no aceptar su impugnación en contra de uno de los postulantes habilitados.

“Se dispone que, en virtud al artículo 34 del CPCo, la paralización de la convocatoria y el calendario y/o cronograma de la preselección de postulantes (TOMA DE EXAMENES) para las elecciones judiciales disponiendo específicamente dicha paralización, sólo hasta la realización de la presente audiencia, para tal efecto notifíquese a los presidentes de ambas comisiones”, señala el documento judicial, según informó El Deber.

Se trata del candidato Jesús Martínez Subirana. Según la denuncia de Heydi Padilla presentó su impugnación contra el candidato a la comisión mixta de Constitución; sin embargo, los legisladores desoyeron sus argumentos y habilitaron al candidato cuestionado. Luego acudió en apelación a la comisión mixta de Justicia Plural y nuevamente su denuncia fue ignorada y ratificaron la habilitación de Martinez Subirana.

Padilla denunció al candidato de haber falseado gran parte de sus documentos, de haber presentado certificaciones de instituciones campesinas que ni siquiera se habían fundado. Además, se refiere a certificados de trabajo que resultaron ser falsos y además dos fallos del Consejo de la Magistratura que lo sancionó en dos oportunidades; con todos los documentos, Padilla esperaba que el abogado quede fuera de la carrera, pero los legisladores ni siquiera pidieron certificados a las entidades para cruzar los documentos.

La audiencia de amparo constitucional está fijada para el 12 de julio a las 09:00 en la ciudad de Trinidad y, hasta donde pueden acudir los 26 legisladores que conforman las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural.