A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el intento de Golpe de Estado militar en Bolivia y llamó al “inmediato e irrestricto respeto de la institucionalidad democrática, al mantenimiento del orden constitucional y a la protección de los derechos humanos” en el país.

En el texto, la CIDH afirma que el 26 de junio un sector del Ejército de Bolivia movilizó vehículos militares, ocupó espacios públicos en La Paz, específicamente en la Plaza Murillo, y hasta derribó la puerta del Palacio Quemado “con el fin de derribar al gobierno democráticamente electo e instalar un nuevo gabinete”.

“Las acciones provenientes de un sector de las Fuerzas Armadas atentaron contra los principios democráticos reconocidos constitucionalmente por el Estado Plurinacional de Bolivia”, afirmó.

La CIDH, en esa línea, hizo un “llamado urgente” al respeto irrestricto de la institucionalidad democrática y al mantenimiento del orden constitucional en el país.

Recordó que tras el movimiento militar irregular, la comunidad internacional, incluidos Estados y organismos, como la Organización de Estados Americanos (OEA), manifestaron su rechazo a lo acontecido en el país.

Además recalcó que en el mismo país varias instituciones gubernamentales, organizaciones de derechos humanos y amplios actores sociales rechazaron estas acciones, al tiempo que anunciaron movilizaciones.

“Conforme a la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, la democracia es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. En este contexto, es fundamental el respeto a los derechos humanos, el ejercicio del poder con sujeción al Estado de derecho y la subordinación de todas las instituciones públicas, incluyendo el Ejército, a la autoridad civil legalmente constituida. En una sociedad democrática, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, preservando la democracia y la vigencia de los derechos humanos”, añadió.

Finalmente, la Comisión recordó que en contextos de crisis institucionales en Bolivia, se produjeron serias violaciones de derechos humanos que han afectado, en particular, a los pueblos indígenas originarios campesinos y a otros grupos en especial situación de vulnerabilidad, por lo que llamó a “todos los agentes del Estado” a respetar, garantizar y proteger los derechos humanos.

“En consideración al pasado reciente de grave conflictividad social, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta a todos los agentes del Estado a cumplir con su deber de respeto, garantía y protección de los derechos humanos. La estabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos exige el concurso de todas las fuerzas políticas y sectores sociales en defensa de la institucionalidad”, concluyó.

El 26 de junio el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga lideró un movimiento militar irregular en Plaza Murillo, que fue catalogado como un intento de Golpe de Estado por parte del Gobierno.

De hecho, ese día Zúñiga habló de que el Ejército buscaba “recuperar la patria” y hasta adelantó que conformaría un nuevo gabinete.  Además, también entró por la fuerza a Palacio Quemado y tuvo un “careo” con el presidente del Estado, Luis Arce.

No obstante, la llamada “intentona golpista” fue frenada y neutralizada tras la posesión de un nuevo Alto Mando Militar.

Ese mismo día en la noche Zúñiga fue aprehendido y actualmente cumple detención preventiva. En contacto con la prensa, acusó a Arce de haber planificado un “autogolpe”, extremo que fue negado por el Jefe de Estado.

Hasta ahora, según la Fiscalía, son al menos 30 las personas investigadas por el fallido intento de Golpe de Estado ocurrido el pasado 26 de junio en La Paz. Entre ellas figuran militares del servicio pasivo y activo, y un civil.

Hasta el lunes en la noche, había 22 personas aprehendidas. De ellas, 10 recibieron detención, entre ellas el excomandante de Ejército Juan José Zúñiga; el excomandante de la Armada Boliviana Juan Arnez; y del excomandante de la División Mecanizada de Viacha, Edison Iraola.

Otros 11 recibieron detención domiciliaria, aunque el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, ya anunció que se apeló 10 de esas determinaciones. La única excepción es el caso del  excomandante militar Marcelo Zegarra, quien "ha sido una de las personas que más ha colaborado en este proceso investigativo, ha dado un lujo de detalles de lo que habría ocurrido en todas las reuniones previas al intento al golpe de Estado”.

Además, el comandante del grupo de élite F10 de las Fuerzas Armadas, Vladimir Lupa Salamanca, quien fue aprehendido la tarde del lunes en Cochabamba, está a la espera de su audiencia de medidas cautelares.