Arce afirma que extremará esfuerzos para atender demandas productivas a pesar del “bloqueo a la gestión”
“Pese a los constantes bloqueos a nuestra gestión, no defraudaremos la confianza de las y los bolivianos, y seguiremos extremando esfuerzos para atender las necesidades de nuestras regiones”, aseguró el Presidente en un post en sus redes sociales.
El presidente Luis Arce aseguró que su Gobierno extremará esfuerzos para atender las necesidades de las diferentes regiones de Bolivia y fortalecer sus capacidades productivas, “porque no defraudaremos -aseguró- la confianza de las y los bolivianos” a pesar de los “bloqueos a la gestión”.
Arce reafirmó los esfuerzos de su administración en procura del desarrollo nacional al informar de una reunión, en la Casa Grande del Pueblo, con alcaldes, autoridades locales y organizaciones sociales del departamento de Oruro que hicieron conocer sus proyectos en materia de salud, educación, infraestructura productiva, agua y riego.
“Pese a los constantes bloqueos a nuestra gestión, no defraudaremos la confianza de las y los bolivianos, y seguiremos extremando esfuerzos para atender las necesidades de nuestras regiones”, aseguró en un post en sus redes sociales.
En el Legislativo están bloqueados créditos por más de $us 900 millones y otros proyectos de ley presentados por el Ejecutivo. El Gobierno lo atribuye a una alianza entre legisladores de Evo Morales y de las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC).
Sectores sociales que responden a Morales también amenazaron con bloqueo de caminos para asegurar una nueva candidatura del expresidente, mientras este lunes empezó un bloqueo entre Cochabamba y Oruro por mineros cooperativistas que exigen la promulgación de leyes aprobadas en una cuestionada sesión de Asamblea Legislativa convocada y presidida por el senador Andrónico Rodríguez.
El bloqueo fue levantado en horas de la tarde con la amenaza se retomarlo en 48 horas de no promulgarse las leyes sancionadas en la sesión de Asamblea que se realizó a pesar de una medida cautelar del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que ordenaba su suspensión. El Gobierno pidió al control constitucional pronunciarse sobre la legalidad de la sesión.