Medidas de presión
César Sánchez
17/06/2024 - 10:51

Lunes conflictivo: Médicos inician paro de 96 horas y comunarios de Sayari bloquean la carretera a Cochabamba

El sector salud rechaza la la “jubilación forzosa” que estaría establecido en el proyecto de Ley 035. Entretanto, comunarios de Sayari exigen que el Gobierno promulgue las leyes sancionadas en la polémica sesión de la Asamblea Legislativa liderada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

Bolivia vive un inicio de semana conflictivo.

Un inicio de semana conflictivo. El sector de salud, a partir de este lunes, acata un paro de 96 horas en rechazo la “jubilación forzosa” que estaría establecido en el proyecto de Ley 035. Entretanto, comunarios de Sayari bloquean la ruta que conecta a Cochabamba con el occidente del país en demanda de que el Gobierno promulgue las leyes sancionadas en la polémica sesión de la Asamblea Legislativa liderada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, con apoyo de los evistas y opositores.

Sector Salud

El paro de 96 horas del sector salud ya fue anunciado la pasada semana, después de que representantes del Colegio Médico y sindicatos rompieran el diálogo con el Legislativo sobre la Ley.

Según reportes, la mayor cantidad de clínicas de salud pública ya no atendieron este lunes y solo recibirán casos de emergencia.

El paro se extenderá hasta el próximo jueves y el viernes será feriado, por lo que prácticamente los asegurados no recibirán atención durante toda la semana.

La pasada semana, los médicos se reunieron con el presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, pero advirtieron que no existe la voluntad de atender el pedido del sector, que es la eliminación de la disposición que consideran impone la “jubilación forzosa” de los trabajadores.

El proyecto de ley 035, en su disposición adicional, establece que los trabajadores – excepción de autoridades electas-, al cumplir 65 años de edad, deberán someterse a un examen médico físico y mental que determinará si están aptos para continuar trabajando.

El rechazo de los médicos al proyecto de Ley es apoyado por otros sectores como el del Magisterio.

Bloqueo

Entretanto, comunarios de la localidad de Sayari instalaron un bloqueo de caminos en la ruta que une a Cochabamba con el occidente del país en demanda de que el Gobierno promulgue las leyes que fueron aprobadas en una polémica sesión del legislativo que fue liderada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

De acuerdo a reportes televisivos, el bloqueo fue instalado a las 04:30 de este lunes por el sector minero, en demanda al tratamiento y aprobación del proyecto de ley para la construcción de la doble vía Confital – Bombeo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La vía permanece obstruida por una cantidad de piedras colocadas en la plataforma. Hay movilidades varadas.

El pasado 6 de junio, la cabeza del Senado, Andrónico Rodríguez, se atribuyó el cargo de presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) al estar Luis Arce fuera del país y aprovechando que David Choquehuanca ejercía como jefe de estado en ejercicio.

Así, Rodríguez convocó a una sesión de la ALP y con el apoyo de legisladores del evismo, de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos promulgó las leyes antiprórroga de magistrados del Órgano Judicial y TCP; un crédito por $us 176 millones; además de aprobar el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto; y una resolución para continuar con la preselección de candidatos judiciales.

No obstante, minutos antes de desarrollarse la sesión a la cabeza de Rodríguez, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió un recurso de nulidad y ordenó su suspensión.

Además dispuso que las leyes y normas aprobadas en la sesión convocada por Rodríguez no podrán ser promulgadas ni tampoco publicadas en la Gaceta Oficial del Estado.

En ese sentido, el presidente en ejercicio del Estado, David Choquehuanca, pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de una nota, pronunciarse sobre la legalidad de la sesión liderada por Rodríguez.

En la misiva se pide “un pronunciamiento constitucional que permita tener certeza jurídica sobre la validez de esos actos legislativos, para que se imprima la gestión que corresponda o, en su defecto, disponga que se devuelvan esas comunicaciones para reencauzar el procedimiento legislativo que corresponda”, establece parte de la nota enviada al TCP.

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