El presidente en ejercicio, David Choquehuanca, pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de una nota, pronunciarse sobre la legalidad de la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) del jueves, convocada y presidida por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, pese a que una medida cautelar que dispuso la suspensión de la convocatoria a la misma.

En la misiva se pide “un pronunciamiento constitucional que permita tener certeza jurídica sobre la validez de esos actos legislativos, para que se imprima la gestión que corresponda o, en su defecto, disponga que se devuelvan esas comunicaciones para reencauzar el procedimiento legislativo que corresponda”, establece parte de la nota enviada al TCP.

En la sesión, fueron aprobadas y enviadas al Ejecutivo, para su promulgación, las leyes antiprórroga de magistrados del Órgano Judicial y TCP; un crédito por $us 176 millones; el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto y una resolución para continuar con la preselección de candidatos judiciales.

Choquehuanca envió la nota al presidente del TCP, Paul Franco, el 7 de junio, en su condición de presidente en ejercicio de Bolivia, ante la ausencia del presidente Luis Arce, por su viaje a Rusia.

En el documento se hace un extenso repaso del recurso presentado por el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui, en contra, precisamente, de la convocatoria a sesión.

Rodríguez, de la línea del expresidente Evo Morales, alegando que Choquehuanca ejerce como presidente del Estado interino, se declaró presidente nato en funciones de la Asamblea y convocó e instaló el jueves la sesión, apoyado por el evismo, Creemos y Comunidad Ciudadana (CC).

El viceministro de Gestión y Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, informó sobre la nota enviada a control constitucional y afirmó que, como Gobierno, no se interiorizaron de lo que se aprobó en la cuestionada sesión de Asamblea del jueves.

“Conscientes de que hay que seguir la normativa legal del país, lo que hemos hecho es enviar al Tribunal Constitucional (una nota) para que nos diga si valió o no la notificación (sobre la suspensión de la sesión) o si fue legal o no”, explicó.

Rodríguez admitió el viernes que fue notificado el jueves por la mañana por cedulón con la medida cautelar del TCP, que dispuso la suspensión de la convocatoria a la sesión de la Asamblea Legislativa, pero que no se dio por aludido porque la notificación no lo identifica como presidente interno del Legislativo, sino del Senado.

No obstante, el artículo 147 del Código Procesal Constitucional establece que, desde el momento de la notificación con el Recurso Directo de Nulidad “quedará suspendida la competencia de la autoridad recurrida con relación al caso concreto” y “será nula de pleno derecho toda disposición que se dicte con posterioridad”.

En la nota enviada por Choquehuanca también se observa, desde el punto legal, la aprobación de una resolución para continuar con la preselección de candidatos a las elecciones judiciales, cuando ya un fallo constitucional dio curso a la retoma de este proceso que había sido anulado por un fallo en primera instancia.

“La declaratoria de inconstitucionalidad estableció ya obligaciones directas y positivas, exigibles para el legislador, quien debe abstenerse de generar dispositivos normativos sobrevinientes contrarios al referido razonamiento constitucional que ya tiene la calidad de cosa juzgada constitucional”, establece el argumento en la nota.

Legisladores del ala renovadora del MAS calificaron de ilegal la sesión convocada y presidida por Rodríguez, y aseguraron que es una constatación de la alianza entre Evo Morales, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho.