El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, informó que desde que entró en vigencia el Decreto Supremo (DS) 4732 se logró la restitución de casi $us 1 millón en favor de víctimas de inmobiliarias o empresarios.

“En estos dos años de vigencia, aproximadamente, un millón de dólares han sido recuperados de diferentes proveedores, quienes han devuelto el dinero a los consumidores que ya no querían el terreno o que ya no querían el departamento por los incumplimientos que se produjeron”, develó la autoridad en entrevista con medios estatales.

El DS 4732 está vigente desde junio de 2022 con el objetivo de poner un alto a las cláusulas y prácticas comerciales abusivas en contratos de preventa de bienes inmuebles.

Detalló que se registraron más víctimas en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, donde también se obtuvo la restitución económica en favor de los usuarios.

De acuerdo con Silva, el decreto protege a los usuarios de cláusulas y prácticas comerciales abusivas que cometen, en algunos casos, los proveedores que ofrecen terrenos, departamentos o casas en “preventa”.

Asimismo, señaló que se registraron múltiples casos en los que las empresas desaparecieron sin entregar los terrenos o los departamentos y la gente se quedó sin protección y fue por ello que se emitió este Decreto Supremo.

“Ha habido muchas estafas, muchos engaños en el país, en los que la gente ha perdido hasta 20.000, 40.000 o 50.000 dólares que han dado en calidad de anticipo para reservar una propiedad”, lamentó.

Silva denunció que este Decreto ahora es “utilizado políticamente” para generar una convulsión y caos social, con el fin de desestabilizar al Gobierno.

“Este decreto supremo no tiene nada que ver con el sector de transportistas, gremialista u otras organizaciones sociales. Los gremialistas pues se dedican a la venta de productos, alimentos, limpieza, ropa. No se dedican a la venta de terrenos, casas en preventa, y si fuera así dejaría de ser gremialista. Este decreto no afecta a ese sector y mucho menos a los trasportistas”, aclaró.

Remarcó que en estos años de vigencia del Decreto Supremo no se presentó ni una sola persona afectada por esta norma porque se protege los derechos de los consumidores.

“Se han corregido muchos contratos que tenían cláusulas abusivas. Se ayuda al sector a formalizar su actividad, porque una inmobiliaria que tenga un certificado libre de prácticas y cláusulas comerciales abusivas es una garantía para el consumidor (…). En estos dos años ninguna persona ha tenido que venir a pedir permiso o autorización para vender su casa, eso es absolutamente falso”, añadió.