La Sala Constitucional de La Paz admitió la acción de cumplimiento contra el vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, por no convocar a sesión plenaria para tratar los proyectos de ley 073 y 075 contra la prórroga de magistrados.

El recurso fue presentado por los senadores evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Tórrez y Lucy Escobar, el jueves de la semana pasada. La audiencia está fijada para las 16:00 de este miércoles y es de forma presencial, según reportó Unitel.

El documento indica que Choquehuanca no convocó a sesiones de la ALP en cinco meses, lo que impidió el tratamiento de las mencionadas normativas.

“Hay un flagrante incumplimiento de deberes, sin embargo, nosotros, lo primero, lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la Constitución”, señala el recurso presentado por el evismo.

Las leyes antiprórroga han sido objeto de diversas polémicas en el Legislativo, particularmente en la Cámara de Diputados.

De hecho, legisladores del evismo y la oposición se niegan a tratar otros proyectos de ley, en especial las referidas a los créditos solicitados por el Gobierno, sin que antes se trate las normas que buscan cesar de sus cargos a los magistrados “autoprorrogados” por un fallo del TCP que decidió prolongar la gestión de las autoridades del Órgano Judicial hasta que se realicen las elecciones judiciales.

Entretanto, las elecciones judiciales se encuentran paralizadas debido a que el pasado 30 de abril la Sala Constitucional de Pando, compuesta por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán, dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes en la Asamblea al dar curso al amparo planteado por Yeri Duri Bautista, presidenta de la Central Indígena de Mujeres Amazónicas de Pando, quien denunció que la convocatoria de preselección no garantiza los derechos de las mujeres originarias.

En la parte resolutiva de este documento se especifica que “se deja sin efecto el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales y la inaplicabilidad de la Ley 1549 y el reglamento de preselección (...), disponiendo que se procesa a realizar uno nuevo en base a normas que respeten la igualdad material de las personas”.

La suspensión del proceso de preselección de cara a las elecciones judiciales se dio cuando se encontraba en la etapa de evaluaciones, la última antes que la lista de habilitados pase al pleno de la ALP para que se elija a los candidatos que irían a votación popular.