El ministro de Justicia, Iván Lima, reveló este martes que Derechos Reales (DDRR) anualmente recauda alrededor de Bs 600 millones, recursos económicos que carecen de fiscalización.

En conferencia de prensa, explicó que, con el Decreto Supremo 5143, ahora abrogado, se buscaba bancarizar las transacciones, luchar contra la corrupción y la extorción a la que están expuestas las familias bolivianas, por la falta de control.

“Buscábamos bancarizar el pago de los aranceles que ahora se pagan de manera directa en las cajas. En el tiempo de la pandemia (Covid-19) se han recaudado los mismos 600 millones de bolivianos que se recaudan cada año”, reveló.

Lima considera que ese millonario monto recaudado en DDRR es como “una caja negra”.

“Es una caja que no tiene control, que no tiene fiscalización y a la que no ha logrado ingresar la bancarización que hay en todos los demás trámites del Estado Plurinacional de Bolivia”, precisó.

Defendió el Decreto Supremo 5143 porque con el mismo se buscaba uniformar los trámites, para que “malos funcionarios no se inventen requisitos” en Derechos Reales, solo con el objetivo de hacer cobros irregulares.

“Buscábamos la simplificación y la modernización de los trámites que permitan además que no exista la extorsión del trámite. No es posible, no es admisible que algunas personas terminen su trámite en ocho horas, otros en ocho semanas y otros en ocho meses, que es el tiempo el promedio de duración de los trámites”, reprochó.

Remarcó que la modernización era la base del decreto, que pretendía regular la ley de 1887 y recordó que dicha norma no era “regulada por primera vez” pues el gobierno de Carlos Mesa ya lo hizo el 24 de diciembre de 2004.

“El decreto supremo, que regulaba el registro de la propiedad pública en Bolivia a la ley de 1887, fue aprobada hace más de 20 años (…). A los 15 años de vigencia de la Constitución y a los 137 años de vigencia de la ley de 1887, era necesario dejar establecido que Derechos Reales debe modernizarse”, dijo.