El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) suspendió la aplicación del Decreto Supremo 5143 sobre Derechos Reales mientras resuelve dos acciones de inconstitucionalidad presentados contra la norma.

La Comisión de Admisión emitió este viernes dos autos constitucionales en respuesta a las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los parlamentarios Santos Mamani y de Juan José Jáuregui, un día después de que estas acciones fueron presentadas en el TCP.

Según información de El Deber, ambos auto constitucionales señalan la admisión del recurso y dispone “poner la presente acción en conocimiento de Luis Arce, presidente del Estado, en representación del órgano que generó la norma impugnada”.

Además, el anuncio del TCP establece “la suspensión temporal de la aplicación del DS 5143 en tanto se resuelva la acción de inconstitucionalidad abstracta, hasta que se emita la correspondiente sentencia constitucional”.

Ayer, enj conferencia de prensa, el presidente del Estado, Luis Arce, afirmó que dejaba en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional el destino del Decreto Supremo 5143 que reglamenta la ley sobre Derechos Reales, y lamentó la campaña política de desinformación para hacer creer a la población que estaba en riesgo la propiedad privada, como ocurrió en 2009.

“Hemos visto que se han presentado algunos recursos (contra el decreto 5143) para que sea el Tribunal Constitucional quien pueda manifestarse al respecto, esperaremos qué dice el Tribunal Constitucional”, afirmó.

Arce negó que el contenido del decreto busque “afectar la propiedad de la gente” o “expropiar” las casas de las familias bolivianas, como algunos políticos, entre ellos los seguidores de Evo Morales y de las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), denunciaron para movilizar a la población.

Comparó la situación con lo ocurrido en 2009, cuando los políticos de oposición alertaban falsamente a la población que el Gobierno pretendía quitarle sus casas y vehículos con la nueva Constitución Política del Estado (CPE).

Los seguidores de Morales y la oposición coincidieron también en exigir una ley y no un decreto para normar el trabajo de Derechos Reales.

Sobre la norma, el pasado martes, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que el Decreto Supremo 5143 busca transparentar los recursos que recibe Derechos Reales, además de simplificar y agilizar los trámites que realiza la población, y negó que se atente contra el derecho a la propiedad privada en el país.

Afirmó que, en primer lugar, el Decreto busca utilizar la tecnología para simplificar los trámites que realiza la ciudadanía sobre sus propiedades privadas.

“El objetivo es la simplificación de los tramites, con menos tiempo, costo, con ayuda de la tecnología”, afirmó.

En segundo lugar, el Ministro de Justicia afirmó que la Ley busca que todos los pagos que haga la población a Derechos Reales se haga a través de los bancos y no directamente en las cajas de esa entidad.

“El segundo objetivo es que todos los pagos a derechos reales vayan por los bancos, los más de 600 millones de bolivianos que entregan los bolivianos a Derechos Reales se entregue por bancos”, afirmó.

Señaló que así se podrá transparentar la cantidad de dinero que recibe Derechos Reales ya que, afirmó no hay certeza si los depósitos superan, y por cuánto, los 600 millones de bolivianos.

“No hay control del dinero que se recibe en Derechos Reales. (El Decreto) Busca transparencia, que se entregue los recursos en los bancos, son sistemas informático, seguros y transparencia, queremos que haya transparencia”, sentenció.

Finalmente, señaló que  el Decreto establece que Derechos Reales queda en poder del Consejo de la Magistratura y es esa instancia la que designa a su director, con lo que negó que vaya a ser controlado por algún ministerio.