A través de una resolución camaral, el Senado pidió al fiscal general del Estado, Juan lanchipa, a que sea el garante e iniciar la persecución penal en contra de los vocales de la Sala Constitucional de Pando que ordenaron paralizar el proceso de las elecciones judiciales y que éste vuelva a foja cero.

“El Senado aprueba la Resolución Camaral que conmina al Fiscal General del Estado, asuma la posición de garante realizando las acciones de persecución penal debida por los presuntos hechos ilícitos cometidos por los Vocales de la Sala Constitucional de Pando en relación a lo obrado dentro la Acción Popular NUREJ:9032903 interpuesta en contra de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Publico y Defensa Legal del Estado y la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa Plurinacional, resuelta mediante Resolución de AP N° 004/2024 de fecha 30 de abril de 2024”, informó el Senado a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

La Sala Constitucional de Pando, compuesta por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán, dio curso al amparo planteado por Yeri Duri Bautista, presidenta de la Central Indígena de Mujeres Amazónicas de Pando, quien denunció que la convocatoria de preselección no garantiza los derechos de las mujeres originarias.

En la parte resolutiva de este documento se especifica que “se deja sin efecto el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales y la inaplicabilidad de la Ley 1549 y el reglamento de preselección (...), disponiendo que se procesa a realizar uno nuevo en base a normas que respeten la igualdad material de las personas”.

La suspensión del proceso de preselección de cara a las elecciones judiciales se dio cuando se encontraba en la etapa de evaluaciones, la última antes que la lista de habilitados pase al pleno de la ALP para que se elija a los candidatos que irían a votación popular.

Al respecto, ayer, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, afirmó que los fallos emitidos por vocales de las Salas Constitucionales que fueron designados por los magistrados prorrogados son “nulos de propio derecho” y, por ello, llamó a desacatar la decisión judicial que ordenó suspender el proceso de las elecciones judiciales y que ésta vuelva a foja cero.

En ese sentido, Rodríguez sugirió que la Asamblea Legislativa apruebe una Ley Corta para ajustar los plazos en el proceso de preselección de candidatos. Adelantó que también se pedirá una reunión con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para  conocer su posición respecto a los plazos que podría haber para garantizar las elecciones judiciales.

En esa misma línea, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas, informó que esa instancia definió pasar un informe al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, respecto al trabajo que se desarrolló hasta ahora para la preselección de candidatos de cara a las elecciones judiciales y afirmó que debe ser el pleno de la ALP el que defina el rumbo de los comicios, después de que el proceso sea anulado por una Sala Constitucional de Pando.

Rejas  afirmó que “no todo está perdido” y se tiene tres opciones de cara al futuro de las elecciones judiciales: el primero es no acatar el fallo judicial, el segundo sí hacerlo y paralizar el proceso y el tercero aprobar una Ley Corta que permita seguir el proceso.

“Hemos definido enviar un informe para que en la Asamblea se decida si paralizar, continuar o hacer una Ley Corta”, aseveró.