Pese a cuestionar la prórroga de su mandato, legisladores “evistas” reconocen la competencia de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al recurrir a esa instancia para objetar la constitucionalidad del Decreto Supremo 1543 sobre Derechos Reales, afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima.

“Los senadores y diputados que van a presentar acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (contra el decreto), claramente le están mostrando al país que le reconocen su competencia a esas autoridades, quienes tienen que resolver esta situación en el marco de la Constitución”, afirmó en conferencia de prensa.

El diputado “evista” Santos Mamani y su correligionario el senador Luis Adolfo Flores anunciaron, por separado, que presentarán ante el TCP acciones de inconstitucionalidad en contra del Decreto Supremo 5143 reglamentario de la Ley de 15 de noviembre de 1887, de Inscripción de Derechos Reales.

Ambos legisladores alegaron que solo una ley puede ordenar el funcionamiento de Derechos Reales, desconociendo que ya en 2004, el entonces gobierno de Carlos Mesa aprobó el Decreto Supremo 27957 con el fin de reglamentar la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887.

“Hemos adelantado un recurso de inconstitucionalidad abstracta que se será presentado en las próximas horas en contra del decreto supremo 5143”, anunció Flores.

Ambos legisladores, en distintas ocasiones, objetaron la permanencia de los magistrados del TCP y del Órgano Judicial porque, señalan, feneció su mandato en diciembre de 2023, desconociendo la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 que en su punto conclusivo cuarto “dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades, fruto de la preselección desarrollada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y del proceso electoral llevado a cabo por el Órgano Electoral Plurinacional”.

Cada vez que se da las condiciones solicitan que los magistrados renuncien e incluso insisten en el Legislativo a tratar dos proyectos de ley que ordenan el cese de mandato de éstos y la suspensión de plazos judiciales.

Ante estas acciones, Lima anticipó que su cartera defenderá el decreto porque lo que busca es acabar con las “mafias en Derechos Reales”, trasparentar y modernizar su servicio y garantizar la propiedad privada, como establece la Constitución Política del Estado.

“Si alguien cree que esta norma es inconstitucional tiene que presentar su acción ante el Tribunal Constitucional. Nosotros contestaremos y esperaremos que en lo inmediato se pronuncie el Tribunal. Los conflictos jurídicos sobre constitucionalidad no los definen las partes en conflicto, los definen los tribunales de justicia y en ese sentido vamos a hacer las respuestas pertinentes y necesarias ante el Tribunal constitucional”, enfatizó.