El Gobierno boliviano, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este martes que el Decreto Supremo 5143 busca transparentar los recursos que recibe Derechos Reales, además de simplificar y agilizar los trámites que realiza la población, y negó que se atente contra el derecho a la propiedad privada en el país.

En conferencia de prensa, Lima aseveró que el Decreto busca que el país y la población tengan “reglas claras” para contar con un nuevo sistema y un “derecho propietario consolidado para todas las familias bolivianas”.

Afirmó que, en primer lugar, el Decreto busca utilizar la tecnología para simplificar los trámites que realiza la ciudadanía sobre sus propiedades privadas.

“El objetivo es la simplificación de los tramites, con menos tiempo, costo, con ayuda de la tecnología”, afirmó.

En segundo lugar, el Ministro de Justicia afirmó que la Ley busca que todos los pagos que haga la población a Derechos Reales se haga a través de los bancos y no directamente en las cajas de esa entidad.

“El segundo objetivo es que todos los pagos a derechos reales vayan por los bancos, los más de 600 millones de bolivianos que entregan los bolivianos a Derechos Reales se entregue por bancos”, afirmó.

Señaló que así se podrá transparentar la cantidad de dinero que recibe Derechos Reales ya que, afirmó no hay certeza si los depósitos superan, y por cuánto, los 600 millones de bolivianos.

“No hay control del dinero que se recibe en Derechos Reales. (El Decreto) Busca transparencia, que se entregue los recursos en los bancos, son sistemas informático, seguros y transparencia, queremos que haya transparencia”, sentenció.

En esa línea, la autoridad denunció que existe una campaña de desinformación con fines políticos en contra del Decreto “con el fin de generar miedo e incertidumbre por interés de una sola persona generado por la derecha y la nueva derecha”.

Lima, en ese sentido, dejó en claro que el derecho a la propiedad privada está garantizada por la Constitución Política del Estado.

“Lo importante es que tenemos una Constitución que señala que en Bolivia la propiedad privada no está sujeta a reversión. La constitución garantiza la propiedad privada en este país y no hay ninguna preocupación que pueda tener el pueblo boliviano”, afirmó.

Señaló que  el Decreto establece que Derechos Reales queda en poder del Consejo de la Magistratura y es esa instancia la que designa a su director, con lo que negó que vaya a ser controlado por algún ministerio.

Finalmente, Lima afirmó que el Decreto solo reglamenta una Ley emitida en 1887 y reiteró que la oposición al Decreto tiene únicamente fines políticos.

Legisladores del evismo, de la oposición y algunos sectores sociales  consideran que este decreto es inconstitucional y representa una amenaza para la propiedad privada en el país.