Caso gases Ecuador: Inicia juicio oral y la Fiscalía pide 30 años de cárcel para exministros Murillo, López y Lizárraga
Los trex exministros de la gestión de Jeanine Añez fueron declarados rebeldes. Además, están implicadas otras siete personas por los delitos de Tráfico Ilícito de Armas e Incumplimiento de Deberes.
La Fiscalía Departamental de La Paz informó hoy que este lunes inicia el juicio oral por el denominado Caso Gases Lacrimógenos de Ecuador y pedirá la pena máxima de 30 años de cárcel para los exministros de Gobierno, Arturo Murillo.; de Defensa, Luis Fernando López.; y de Comunicación, Roxana Lizárraga, quienes fueron declarados rebeldes, además de otras siete personas por los delitos de Tráfico Ilícito de Armas e Incumplimiento de Deberes.
“Hemos sido notificados por el Tribunal 2° de Sentencia Anticorrupción de la ciudad de La Paz, que dispuso la apertura de juicio oral público, continuo y contradictorio por la internación de agentes antidisturbios (gases lacrimógenos y otros) en calidad de préstamo desde la República de Ecuador al país en la gestión 2019. El juicio fue programado para el lunes 06 de mayo a horas 14:00 de manera virtual, donde los fiscales expondrán la acusación formal que se presentó con más de 115 pruebas documentales y 48 testificales, entre otros, y se pedirá la máxima sentencia”, dijo el fiscal departamental de La Paz, William Alave Laura.
Dentro de este caso, además de los exministros, también fueron acusados el excomandante de la Fuerzas Armadas, Sergio O.C., el excomandante de la Policía, Rodolfo M.T., entre otros.
Por su parte, el fiscal anticorrupción, Bladimir Bolívar, informó que durante la investigación se colectaron pruebas como el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, los planes de vuelo de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, donde viajaron a Ecuador policías y militares de Bolivia, además de la solicitud de devolución de los agentes químicos de la República del Ecuador, lo que hace presumir la participación de los acusados en la internación ilícita de agentes químicos al país (granadas, gases y proyectiles de largo y corto alcance), como préstamo de la República del Ecuador, durante la crisis social de 2019.
De acuerdo a la investigación, el hecho se registró el 15 de noviembre de 2019, cuando se habría llevado adelante una reunión entre los exministros de Gobierno, Defensa y Comunicación, con el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el excomandante General de la Policía Boliviana y otras autoridades que determinaron solicitar el préstamos de materiales antidisturbios para enfrentar la crisis social en el país. Según las declaraciones testificales, la solicitud la hicieron el exministro de Defensa y de Gobierno a iniciativa de la exministra de Comunicación, quien habría coordinado el préstamo de agentes antidisturbios con la República del Ecuador.
En ese marco, los exministros de Gobierno y Defensa coordinaron con los comandantes del Ejército y de la Policía para designar personal de ambas instituciones, que habrían sido trasladados desde Palacio de Gobierno en helicóptero hasta el Hangar de los Diablos Negros de la ciudad de El Alto, para viajar a la República de Ecuador, recoger los agentes químicos y traerlos a Bolivia, para luego repartirlos entre militares y policías.