A través de un comunicado, la Cámara de Diputados anunció que no tratará la Ley 035, que prevé modificar los límites solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario, hasta que no se llegue a consensos con sectores movilizados que se oponen a la normativa por considerar impone una “jubilación forzosa”.

“La Cámara de Diputados no abordará el tratamiento legislativo del Proyecto de Ley 035/2023-2024 de Modificación a la Ley de Pensiones en tanto y en cuanto el Presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, Omar Yujra Santos, sostenga reuniones con los sectores movilizados, en aras de consensuar la norma que garantice la estricta observancia de los derechos fundamentales de las personas de nuestro Estado Plurinacional” (sic), indica el comunicado.

El cuestionado proyecto de Ley en su disposición adicional establece que los trabajadores – excepción de autoridades electas-, al cumplir 65 años de edad, deberán someterse a un examen médico físico y mental que determinará si están aptos para continuar trabajando.

Diversos sectores, principalmente el Magisterio y el de salud, rechazan dicha disposición y han asumido diversas medidas de presión para pedir su eliminación.

El sector salud, precisamente, ya acató paros de 24, 48 y 72 horas en rechazo a la medida y ayer advirtió con un nuevo paro de 96 horas si es que la Cámara Baja no oficializa que la norma no se tratará en esa ni otra instancia.

El lunes, representantes de los galenos y la Comisión de Planificación anunciaron un preacuerdo. Esto para trabajar en una mesa de trabajo, que analizará los alcances del documento.

Entretanto, el Gobierno, a través del viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, pidió a los trabajadores, sobre todo del sector Salud, “no tenerle miedo” al examen médico establecido en la Disposición Adicional Única.

“Cuando uno revisa esta Disposición Adicional Única tiene que entender de que son los trabajadores los que van a acceder a este examen médico, pero por supuesto eso no va a ser una limitante para su continuidad laboral”, explicó.

Precisó que aún si el examen médico indica que el trabajador tiene plenas facultades para seguir desarrollando su actividad en su fuente laboral, a la edad de 65 años o más, podrá continuar trabajando porque el derecho al trabajo está garantizado en la Constitución Política del Estado (CPE).

El examen médico implica un estudio especializado que estará a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO), una entidad estatal que ya tiene más de 60 años de trayectoria en el país.

“Los dirigentes del sector Salud no deberían tenerle miedo a un examen médico que simplemente va a evaluar sus facultades y si esa persona cumple las facultades necesarias para seguir desarrollando su trabajo lo va a seguir realizando, pero si no, por supuesto que esa persona también tendrá que reflexionar sobre su estado de salud y priorizar su vida antes que el trabajo”, exhortó semanas atrás.