El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Bolivia, José Luis Caballero, arribará en mayo, como parte de la cooperación técnica que brindará a la Asamblea Legislativa Plurinacional en el procedimiento de preselección de candidatos a las elecciones para la formación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), informó el ministro de Justicia, Iván Lima.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día de hoy publicó un comunicado para nuestro país, señalando la disposición del comisionado para Bolivia de visitarnos en los próximos días. Él ha señalado su disposición de venir a partir del 5 de mayo”, explicó en declaraciones en puertas del Palacio Quemado, exsede de funciones del Órgano Ejecutivo.

Durante su estadía, Caballero presentará el informe país, producto de la visita in loco realizada en 2023 y publicado en 2024, enfocándose en las recomendaciones sobre el sistema de justicia.

Además de la visita, la CIDH trabajará una serie de documentos técnicos que regulan el proceso boliviano de preselección de autoridades judiciales.

Será “una opinión técnica, papeles de trabajo que nos permitan un acompañamiento efectivo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a este proceso”, precisó Lima.

De acuerdo con la CIDH, el proceso de cooperación incluye la elaboración y envío de un documento de sistematización de los estándares interamericanos relevantes al sector justicia, así como una nota técnica sobre los criterios de méritos para la valoración de candidaturas que posteriormente será objeto de diálogo con el Relator de País, comisionado José Luis Caballero.

El relator se “reunirá con representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional y con autoridades del Poder Judicial”, refiere el comunicado del órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En el informe de país, la CIDH indicó que los procesos de selección de las personas que forman el Órgano Judicial deben tener cualidades tales como la publicidad, participación, y transparencia, que contribuyen a fortalecer la certeza sobre la integridad, formación e idoneidad de las y los operadores designados, y a brindar confianza a la ciudadanía sobre la objetividad del proceso.

Al mismo tiempo, llamó al Estado a asegurar que el nombramiento y selección, incluyendo la preselección, no sean percibidos por la ciudadanía como decididos con base en razones de carácter político, pues esto afectaría la convicción de independencia dentro de la ciudadanía.

“De este modo, la cooperación técnica que se inicia quiere contribuir a la incorporación de las recomendaciones generadas por las CIDH en el informe país”, apunta el documento.

Además de la cooperación, la CIDH continuará desplegando sus distintos mecanismos. Ello supone, entre otras cosas, “mantener un diálogo abierto con actores relevantes de los poderes públicos y de la sociedad civil, con el fin de conocer los principales desafíos y avances en el proceso de elecciones de altas cortes en curso”.

A diferencia de la CIDH, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) informaron que “no están en condiciones de poder acompañar el proceso” de preselección de los postulantes a las judiciales.

Lima explicó que estos organismos internacionales se excusaron de acompañar la preselección porque “no cuentan con mecanismos para el acompañamiento a nivel de Asamblea Legislativa” pues nunca siguieron procesos similares en el mudo porque Bolivia es el único país donde se eligen en urnas a las altas autoridades judiciales.