El Ministerio Público informó hoy que la Fiscalía Departamental de Santa Cruz determinó conformar una Comisión de Fiscales Especializados en Delitos contra la Vida y la Integridad Personal para proseguir con todos los actos investigativos necesarios para el esclarecimiento del caso ‘Hotel las Américas’, que tiene que ver con presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas el 2009 por mandato del entonces presidente Evo Morales.

“El día de hoy, el Fiscal Departamental de Santa Cruz, ha dispuesto la conformación de una Comisión de Fiscales Especializados de la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, para proseguir y continuar con todos los actos útiles y pertinentes que permitan el esclarecimiento de estos hechos y la imposición de las sanciones que correspondan, en el marco del debido proceso y en observancia a las reglas de competencia previstas en el ordenamiento jurídico nacional”, sostuvo la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, Elizabeth Viveros.

La autoridad aclaró que no se trata de un nuevo caso, sino de la “prosecución de una que ya se encontraba en desarrollo de la fase de investigación bajo la Dirección funcional del Fiscal de Materia asignado al caso, en la que el Fiscal Departamental de Santa Cruz ha emitido la Resolución Fiscal Jerárquica RR.MM N° OR-054/23 de 08 de marzo de 2023, por el cual dispuso revocar la resolución fiscal de rechazo de fecha 27 de agosto de 2020, emitido por el fiscal de Materia Abog. Francisco R. Mendoza Anibarro, en tal sentido la investigación se encuentra en curso”, dijo.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz lleva adelante los actos de investigación del caso que fue iniciada a denuncia del MNP/SEPRET “Servicio para la Prevención de la Tortura”, vinculado a los hechos suscitados como emergencia del operativo llevado adelante en el Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, el 16 de abril de 2009.

“El Ministerio Público reafirma una vez más su compromiso constante de lucha contra toda forma de impunidad, más aún en los hechos vinculados a graves violaciones de derechos humanos”, aseguró la Directora durante la lectura de un comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado.

En septiembre de 2021, la CIDH emitió un informe de fondo por el caso del asalto al Hotel Las Américas; pidió al Estado investigar y procesar a los responsables en territorio nacional por estas vulneraciones a los derechos humanos. También recomendó resarcir daños a las víctimas.

Este informe fue promovido por la familia del ciudadano irlandés, Michael Dwyer, uno de los tres ejecutados por la Policía durante el asalto al hotel Las Américas del 16 de abril de 2009, en el Gobierno de Evo Morales.

Las otras personas que murieron a tiros en el contexto de la “ejecución extrajudicial” calificada por la CIDH fueron los ciudadanos europeos Eduardo Rózsa Flores y Arpad Magyaroisi.

En ese violento suceso el húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tadic fueron detenidos y procesados por “terrorismo”. Recuperaron su libertad después de varios años y plantearon la demanda ante la CIDH. Estos cargos nunca fueron probados en los procesos judiciales.

Ambos ciudadanos, en un comunicado divulgado el sábado 13 de abril, informaron que un juez en Santa Cruz instruyó abrir la investigación por estas graves violaciones a los derechos humanos.

“Mario Tadic y Előd Tóásó comunican a los ciudadanos bolivianos que el Estado boliviano ha abierto el caso NUREJ 70264734 que radica en el Juzgado Sexto de Instrucción Penal en la ciudad de Santa Cruz; a cargo de la Fiscal de Materia Marioly Torrez Jurado (sic)”, dice la primera parte de su publicación en su cuenta de X.

No obstante, Evo Morales adelantó que no se presentará a declarar en caso de ser citado y hasta retó a que lo metan a la cárcel.

“Quiero decirle que me citen, no me voy a presentar (ante autoridades judiciales), que me metan a la cárcel. Hemos defendido la integridad del territorio nacional”, afirmó Morales este domingo en el programa que tiene en la radio Kawsachun Coca.

Y este lunes agregó: “Si quieren meterme a la cárcel por defender la unidad nuestra Patria ante la amenaza separatista, financiada por la oligarquía terrateniente, que lo hagan. Ahora, los agresores a nuestra integridad territorial, los que querían dividir Bolivia, pretenden aparecer como víctimas; y, además, son “premiados” con decenas de miles de héctareas. El pueblo boliviano no luchó tanto para que se encubra el separatismo y se retorne al latifundio”.