La falta de notificaciones, actuados, y otras “deficiencias procesales” impiden que el juicio de Luis Fernando Camacho en el caso “decretazo” pueda avanzar, advirtió este lunes la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos.

“Se han advertido graves falencias en el procedimiento, razón por la que se ha solicitado que esas deficiencias se corrijan (…). No se puede iniciar un proceso cuando hay vicios procedimentales, cuando el juez no está cuidando con su deber constitucional de garantizar igualdad a las partes y el debido proceso”, indicó la autoridad.

El Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz programó para este lunes 11 de marzo el inicio del juicio presencial en contra Camacho y solicitó su traslado a la ciudad de Santa Cruz; sin embargo, la parte denunciante pidió revertir el traslado y desarrollar una audiencia virtual.

Ríos explicó que tras una revisión de los antecedentes del caso se identificaron la falta de actuados, además que no se notificó “correctamente” a los asambleístas departamentales y nacionales.

Tampoco se notificó a la Procuraduría ni al Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción, con estos “defectos procesales” no se estaría garantizando la igualdad de participación y la posibilidad de alegar, probar y que la partes estén debidamente representados.

“Antes de hablar de cualquier traslado, se debe hablar del saneamiento procesal (que) implica que antes de dar inicio a cualquier proceso, este proceso se debe revisar exhaustivamente para corregir todas aquellas situaciones pendientes”, manifestó.

La autoridad reiteró que estas anomalías y otras impedirían que el juicio de Camacho avance hasta que las observaciones sean subsanadas.

“Se tiene que sanear el proceso antes de dar inicio al juicio oral, no pueda darse inicio si es que el juicio no está debidamente saneado”, reiteró.

Caso “decretazo”

Luis Fernando Camacho fue investigado por la emisión del Decreto 373 en marzo de 2022, cuando viajó a Brasil.

En dicho decreto delegaba sus funciones a su hombre de confianza, el entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, relegando de esas tareas al entonces vicegobernador Mario Aguilera, y vulnerando el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.

Fue hasta octubre de 2023, que la Fiscalía presentó su acusación formal en contra de Camacho por la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, tipificado en el artículo 153 del Código Penal.

En la actualidad, Camacho tiene detención preventiva en el penal de Chonchocoro, en el municipio de Viacha del departamento de La Paz, por el denominado “caso Golpe de Estado I”, proceso activado por la exdiputada Lidia Patty.