El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, afirmó este lunes que la Cámara Baja sigue teniendo competencia para tratar las leyes antiprórroga 073 y 075, sobre la suspensión de plazos procesales y cese de funciones de magistrados.

En contacto con la prensa, Jáuregui afirmó que la Comisión que preside ya emitió un pronunciamiento respecto a ambos proyectos de ley y eso se le fue informado al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca.

Bajo esa lógica, aseguró que el pedido que realizó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, para que las leyes antiprórroga sean tratadas en el pleno de la ALP, "no es adecuada ni pertinente”.

“La semana pasada la comisión ya ha emitido un escrito haciendo conocer al Presidente de la Asamblea que nosotros sí nos hemos pronunciado. Bajo ese razonamiento entiendo que se le ha hecho conocer a Andrónico de que la solicitud de que se remita directamente a la ALP porque (la Cámara de) Diputados habría perdido competencia no sería adecuada ni pertinente, no estaría acompañando los contenidos del reglamento”, aseveró.

Acotó que el presidente de Diputados, Israel Huaytari, solo aplazó el tratamiento de las leyes 073 y 075 y eso no significa que la Cámara Baja haya perdido competencia para tratar ambas normas.

“(Huaytari) Ha dicho que se aplaza porque se necesita que este tema que está en controversia entre el Senado, Diputados y la ALP se resuelva”, afirmó.

El fin de semana, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, confirmó este sábado que envió una carta al vicepresidente David Choquehuanca “exigiendo” que convoque a sesión de Asamblea para tratar los proyectos 073 y 075 contra la prórroga de mandato de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Rodríguez envió la nota el 19 de febrero, sin embargo, recién este sábado emitió un pronunciamiento público luego que en la sesión de la Cámara de Diputados del viernes se conoció el contenido de esta y que imposibilitó continúe el debate del proyecto de ley 073 por tiempo y materia.

“La nota enviada al Vicepresidente David Choquehuanca no pidió aplazar el tratamiento en Diputados de los proyectos de ley antiprórroga: 073 y 075. Contrariamente exige convocar a sesión de ALP ante la dilación política y negligente de quienes sostienen a ‘prorrogados inconstitucionales’ "(sic), señaló en un post en su cuenta en X.

En realidad, según reportaron medios estatales, Rodríguez, que responde al expresidente Evo Morales, envió dos notas, con similar tenor, a la Presidencia de la Asamblea Legislativa el 19 de febrero con la referencia: “Solicitud de consideración” de los proyectos de ley 073 y 075 en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En estas se explica que ambos proyectos de ley, aprobados el 18 de diciembre de 2023, fueron remitidos a la Cámara de Diputados en la misma fecha y que el plazo de 30 días para que ésta se pronuncie “culminó el pasado jueves 15 de febrero del año en curso”.

“En ese entendido solicito a su autoridad, en calidad de Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que en atención a lo dispuesto por el parágrafo 1 del artículo 153, numeral 3, parágrafo 1 del artículo 158, numeral 5 del artículo 161 y numeral 7 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado convoque de manera urgente a sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional a fin de considerar de manera directa el proyecto ley 073/2023-2024”, se lee en una de las notas.

El tratamiento de ambas normas fue incluido en el acuerdo bicamaral multipartidario, firmado el 2 de febrero como resultado del diálogo propiciado por el vicepresidente para allanar la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024.

Junto con esas dos propuestas se incluyó en la agenda la aprobación de siete proyectos de ley referidos a créditos.

Entre el jueves 22 de febrero y el viernes 1 de marzo fueron aprobados seis de los siete proyectos de ley. Tras ello, el presidente de la Cámara de Diputados Israel Huaytari, puso a consideración del pleno el proyecto de ley 073 de suspensión de plazos procesales.

En medio del debate, la diputada del MAS, Estefanía Morales, informó que Rodríguez remitió estas dos misivas al Vicepresidente del Estado y leyó el contenido de ambas. Dijo que ello imposibilitaba a la Cámara de Diputados seguir con el debate del proyecto de ley 073 y también del 075, que dispone el cese del mandato de las autoridades judiciales, porque esta instancia perdió competencia.

Ante ese escenario, Huaytari decidió aplazar el debate de ambas normas y determinó levantar la sesión.

Los Proyectos de Ley “antiprórroga”

El proyecto de Ley 075 restituye “la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III, y 200 de la Constitución Política del Estado" y consta de dos artículos.

El primero establece, en la “Nulidad de Pleno Derecho”, que “se deja sin efecto el numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, de fecha 11 de diciembre de 2023”; y el segundo establece que “los Magistrados y Consejeros del TCP, TSJ, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura cesarán sus funciones el 2 de enero de 2024”.

En cambio, el Proyecto de Ley 073 establece la Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, como “una medida vital para el funcionamiento ininterrumpido del sistema judicial”.

La norma tiene como objetivo principal la suspensión de plazos procesales en todas las materias, a partir del 2 de enero de 2024, garantizando así la continuidad del trabajo en el sistema judicial hasta la posesión de las nuevas autoridades, elegidas mediante voto popular.

El proyecto de ley proporciona atribuciones específicas a los Tribunales Departamentales de Justicia, la Dirección Administrativa-Financiera y Unidades de enlace administrativo para asegurar la operatividad continua del Órgano Judicial a partir del 2 de enero.

“El Órgano Judicial continuará ejerciendo sus competencias y atribuciones en cumplimiento al mandato constitucional y del ordenamiento jurídico en actual vigencia por intermedio de la administración jurisdiccional ejercida mediante los Tribunales Departamentales de Justicia en todas sus salas incluidas las constitucionales, Juzgados, Tribunales de Sentencia, y Juzgados Agroambientales…”, señala la norma en el parágrafo I del artículo 2.

Otro aspecto fundamental de esta iniciativa es la gestión de los casos pendientes durante este período de transición. Según la disposición aprobada, los secretarios generales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental, Consejo Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional tendrán la responsabilidad de recibir y custodiar los casos pendientes en cada una de las instancias judiciales involucradas.