La senadora de Creemos, Centa Rek, envió una carta a su par de Paraguay, Eduardo Nakayama, para solicitarle que fiscalice la situación del exministro de defensa boliviano, Fernando López, quien solicitó refugio en el vecino país.

En la misiva, Rek pide que se garantice los “derechos de refugiado” de López, sobre todo el evitar su posible extradición al Estado boliviano, donde tiene diversos procesos abiertos en su contra.

La pasada semana, se especuló que López fue detenido en Paraguay y que el Gobierno boliviano había solicitado su extradición.

Sin embargo, el ministro de Gobierno boliviano, Carlos Eduardo del Castillo, aclaró que López no fue detenido en ese país y que su solicitud de refugio impide su aprehensión.

El pasado 22 de febrero se conoció que López pidió refugio en Paraguay e incluso la Fiscalía de ese país pidió al Estado boliviano paralizar su trámite de extraditación.

Según información de Unitel, la fiscal Adjunta Lourdes Samaniego confirmó que solicitó suspender el proceso de extradición de López debido a que éste está en Paraguay y hay un proceso de solicitud de refugio que está en revisión en la Comisión Nacional del Refugiado (Conare).

El 2020, después de que el actual presidente Luis Arce ganara las elecciones generales, López se fugó del país.

En su momento, la Policía confirmó que la exautoridad estaba en territorio brasileño y ahora se trasladó hasta Paraguay.

Fernando López tiene varios procesos abiertos en el país, entre ellos los referidos al caso Golpe I, a las masacres ocurridas el 2019 y al de corrupción en la adquisición de respiradores.

Según las investigaciones del caso Golpe I, el 2019 López fue enviado por el extitular del Comité pro Santa Cruz y actual líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, ahora gobernador de Santa Cruz, como interlocutor a una reunión con las Fuerzas Armadas, antes de que el alto mando militar sugiriera, públicamente, la renuncia del entonces presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.

Entonces, Morales y su gabinete enfrentaban una convulsión social y política por un supuesto “fraude monumental” en las elecciones presidenciales del 20 de octubre de ese año, mismas que fueron anuladas.

Dos días después, la entonces senadora Jeanine Áñez asumió, primero la titularidad del Senado; luego, la Presidencia del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, cuyas sesiones, según la Fiscalía, no contaron con el quórum reglamentario ni con la presencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), que entonces ostentaba la mayoría parlamentaria.

Precisamente, López Julio fue posesionado como titular de Defensa el 14 de noviembre, dos días después de que Áñez asumió el mando del país.

Pocos días después, ocurrieron las denominadas masacres de Secaba y Senkata, que dejaron decenas de muertos de personas que protestaban contra la presidencia de Añez.