Arias destituyó a funcionarios y los volvió a posesionar; Consejo advierte que puede ser procesado penalmente
“Esas personas hoy lideran los equipos de atención a las emergencias por las intensas lluvias que azotan nuestra ciudad. En plena guerra, me piden que saque los ejércitos”, afirmó el Alcalde de La Paz.

Visiblemente molesto, el alcalde de La Paz, Iván Arias, “obedeció” la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia y procedió a la destitución de ocho altos funcionarios ediles; sin embargo, volvió a posesionarlos en sus cargos minutos después.
“Esas personas hoy lideran los equipos de atención a las emergencias por las intensas lluvias que azotan nuestra ciudad. En plena guerra, me piden que saque los ejércitos”, afirmó la autoridad municipal en el acto de destitución y posesión de sus funcionarios y al referirse a la labor de desempeñan las ocho autoridades.
Por otra parte, afirmó que la ley de fiscalización, en la que se basa la censura de las ocho autoridades del Ejecutivo Municipal, “nunca nació a la vida jurídica” y, por lo tanto, no existe.
El Concejo Municipal de La Paz censuró a ocho altos funcionarios ediles, después de que no se presentasen a brindar diversos informes relacionados con el expendio, venta, consumo de bebidas alcohólicas y autorizaciones de fiestas el pasado 20 de septiembre 2023; por la destrucción del puente por donde pasaba el tren en la Vita; y otros
Las autoridades convocadas y sujetas a destitución son: José Carlos Campero, secretario ejecutivo Municipal; Mónica Chuquimia Rivero, secretaria de Desarrollo Económico (actualmente ya no ejerce el cargo); Sergio Saavedra, intendente; José Eduardo Galindo, secretario de Gestión Ambiental; Enrique Villanueva, secretario de Movilidad (ya no ejerce el cargo); Fausto Terrazas, subalcalde de Cotahuma; Grover Lazo Segurondo, subalcalde de Max Paredes; y el Subalcalde del Macrodistrito Centro.
Arias es sujeto a proceso penal
Al respecto, el concejal Javier Escalier aseveró que la ley de Fiscalización 499 no permite la reincorporación de los altos funcionarios que fueron censurados y advirtió que el alcalde Arias es sujeto a ser procesado penalmente.
“El alcalde dijo que no se puede quedar ‘con los brazos cortados’ pero al restituir a los funcionarios podría quedar con los brazos enmanillados”, declaró.
Por tanto, explicó que al restituirlos Arias está incurriendo en “Desobediencia a Resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad” que establece el Código Penal cuya sanción es la reclusión de dos a seis años.
Citó el artículo 25 de la ley 499, que establece que “toda vez que servidor público sea censurado pierde la confianza del Concejo Municipal de La Paz, el referido no podrá fungir funciones en el mismo cargo o de similar jerarquía en el Gobierno Autónomo Municipal”.
Pese a esta disposición, Arias dijo en conferencia de prensa que cesó a las autoridades como detalla la acción de cumplimiento, pero agregó: “Hoy posesionamos inmediatamente. No me puedo quedar con los brazos cortados. Van a continuar, los voy a destituir, pero van a volver a sus funciones. Los paceños estamos viviendo en un momento muy crítico”, explicó en referencia a las intensas lluvias y la gran cantidad de emergencias.
El legislador explicó que la ley de Fiscalización 499 fue promulgada en septiembre del 2022 y el alcalde Iván Arias tenía el tiempo necesario para enviar sus observaciones o una representación de la norma al Concejo pero no lo hizo.
Desde esa fecha, los legisladores aplican la norma y citaron a las ocho autoridades por diversos temas que van desde autorizaciones de eventos de consumo de bebidas alcohólicas, licencias de funcionamiento, restricción vehicular y otras, pero ninguna de ellas se presentó al Concejo. La ley 499 establece que al no asistir en reiteradas oportunidades corresponde su censura y destitución.
A través de la Secretaría del Concejo se enviaron notas al alcalde Arias informando sobre este incumplimiento y solicitando su destitución. Por tanto, se presentó la acción de cumplimiento cuya fecha fue establecida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz.
“Nosotros no fijamos este momento para el retiro de sus autoridades, sino, es el resultado de la soberbia con que se maneja el Alcalde al incumplir los plazos y la norma”, apuntó Escalier.