Procurador rechaza las leyes antiprórroga y advierte que si se aprueban serían declaradas inconstitucionales
“La Declaración 049 es una decisión vinculante, obligatoria para todas las autoridades, servidores públicos y particulares. Podemos no estar de acuerdo, pero ese fallo no puede ser modificado más que por otra decisión del TCP”, afirmó.
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El procurador general del Estado, César Siles, rechazó este viernes la intención de la oposición y el evismo de aprobar leyes que irían en contra de la sentencia 0049/2023 del Trubunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dispuso la prórroga de los mandatos de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial hasta que se desarrollen las elecciones judiciales.
En contacto con la prensa, Siles aseveró que el fallo del TCP solo puede modificado por otra sentencia del mismo Tribunal y es de cumplimiento obligatorio y vinculante.
“La Declaración 049 es una decisión vinculante, obligatoria para todas las autoridades, servidores públicos y particulares. Podemos no estar de acuerdo, pero ese fallo no puede ser modificado más que por otra decisión del TCP”, afirmó.
En ese sentido, Siles afirmó que no cree que se logre aprobar las leyes antiprórroga N° 073, de suspensión de plazos procesales-competencias jurisdiccionales, y N° 075, para restablecer la plena vigencia de los Art. 183, 188 III, 194 III y 200 de la CPE, respectivamente.
Empero, afirmó que de ser aprobadas, éstas serían declaradas inconstitucionales por el propio Tribunal Constitucional.
“Intentar otras leyes es volver a lo mismo, el TCP va a tener que declarar inconstitucional. Si llega a aprobarse corresponderá una declaratoria de inconstitucionalidad”, afirmó.
Y agregó que la única manera en que los actuales magistrados y consejeros serán sustituidos es a través del voto popular y la realización de las elecciones judiciales.
Cabe recordar que los magistrados y Consejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura concluían su mandato el 31 de diciembre de 2023; sin embargo, su gestión fue ampliada por una resolución del propio TCP y hasta que se realicen las elecciones judiciales.