Después de que sancionó la Ley de las Elecciones Judiciales, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, exigió a la Cámara de Diputados tratar “a la brevedad”, los proyectos de Ley  N° 073, de suspensión de plazos procesales-competencias jurisdiccionales, y N° 075, para restablecer la plena vigencia de los Art. 183, 188 III, 194 III y 200 de la CPE, respectivamente. 

Ambas leyes fueron aprobadas por el Senado con el fin de frenar la autoprórroga de los magistrados del Órgano Judicial; sin embargo, no fue tratada por Diputados.

Los magistrados y consejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura concluían su gestión el 31 de diciembre de 2023; sin embargo, el TCP dispuso la ampliación de su mandato hasta la realización de las elecciones judiciales.

Rodríguez, en ese sentido, afirmó este martes que si hubiese existido “voluntad política” en su momento, se habría podido convocar a las elecciones judiciales el 2023 – como estaba previsto- y así evitar la prórroga de los actuales magistrados y consejeros.

Los Proyectos de Ley

El proyecto de Ley 075 restituye “la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III, y 200 de la Constitución Política del Estado" y consta de dos artículos.

El primero establece, en la “Nulidad de Pleno Derecho”, que “se deja sin efecto el numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, de fecha 11 de diciembre de 2023”; y el segundo establece que “los Magistrados y Consejeros del TCP, TSJ, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura cesarán sus funciones el 2 de enero de 2024”.

En cambio, el Proyecto de Ley 073 establece la Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, como “una medida vital para el funcionamiento ininterrumpido del sistema judicial”.

La norma tiene como objetivo principal la suspensión de plazos procesales en todas las materias, a partir del 2 de enero de 2024, garantizando así la continuidad del trabajo en el sistema judicial hasta la posesión de las nuevas autoridades, elegidas mediante voto popular.

El proyecto de ley proporciona atribuciones específicas a los Tribunales Departamentales de Justicia, la Dirección Administrativa-Financiera y Unidades de enlace administrativo para asegurar la operatividad continua del Órgano Judicial a partir del 2 de enero.

“El Órgano Judicial continuará ejerciendo sus competencias y atribuciones en cumplimiento al mandato constitucional y del ordenamiento jurídico en actual vigencia por intermedio de la administración jurisdiccional ejercida mediante los Tribunales Departamentales de Justicia en todas sus salas incluidas las constitucionales, Juzgados, Tribunales de Sentencia, y Juzgados Agroambientales…”, señala la norma en el parágrafo I del artículo 2.

Otro aspecto fundamental de esta iniciativa es la gestión de los casos pendientes durante este período de transición. Según la disposición aprobada, los secretarios generales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental, Consejo Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional tendrán la responsabilidad de recibir y custodiar los casos pendientes en cada una de las instancias judiciales involucradas.