La tarde de este martes, se reunieron el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, del Senado, Andrónico Rodríguez, además de jefes de bancadas de las tres fuerzas políticas y determinaron, entre otros puntos, trabajar en el análisis y modificación de la Ley de las Elecciones Judiciales y podrían iniciar un juicio de responsabilidades a magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCp) por “autoprorrogarse” en sus cargos.

La reunión se extendió por varias horas y aunque, hasta el momento, no hay una información oficial al respecto, el senador de Comunidad Ciudadana (Cc), Guillermo Seoane, aseveró a la ANF  que “se analizará un juicio de responsabilidades a los magistrados y llegamos a un acuerdo de volver a analizar la ley para los comicios”.

En esa línea, el senador de Creemos, Henry Montero, afirmó que se podrá trabajar “por tiempo y materia para apuntalar la ley de elecciones” judiciales; sin embargo, advirtió que el TCP y otras instancias seguirán buscan “cinco pies al gato” para seguir prorrogándose en el cargo.

La reunión del Legislativo se produjo horas después de que la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolvió que las actuales autoridades judiciales permanezcan en sus cargos hasta que se realicen las elecciones judiciales.

El TCP también declaró inconstitucional varios de los artículos, entre ellos los referidos a los plazos establecidos en el Proyecto de Ley de las Elecciones Judiciales que había sido aprobado por el Senado y remitido a consulta por la Cámara de Diputados.

Así, los actuales magistrados del TCP, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental permanecerán en sus cargos a pesar de que éstos fenecen el 2 de enero de 2024, según  marca la Constitución.

“La declaración constitucional que les he mencionado dispone la continuidad o prórroga de mandato de las actuales autoridades tanto del Órgano Judicial como del Tribunal Constitucional Plurinacional, entre tanto no sean elegidas y posicionadas las nuevas autoridades judiciales producto de la preselección, que es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y producto de la elección que tiene que organizar y ejecutar el Órgano Electoral Plurinacional”, explicó el TCP.

Ya la mañana de este martes, el Presidente del Senado calificó como un “golpe judicial a la democracia” la decisión del TCP  y expresó su profundo rechazo a la misma.

Entretanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, dijo que fue un error garrafal de la Comisión de esa instancia el enviar a consulta la Ley de las Elecciones Judiciales.

Antecedentes

Después de que el TCP anulara la convocatoria y preselección de cara a las elecciones judiciales, en agosto pasado, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que fue remitido a Diputados para su revisión.

Sin embargo, cuando fue derivada a la Cámara de Diputados, la Comisión de Constitución decidió remitir el proyecto a consultas con tres ministerios del Órgano Ejecutivo. Además, a los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura.

Luego, el 20 de septiembre, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, remitió la consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que, finalmente la admitió el 28 de septiembre.

La norma en cuestión, ahora anulada, señalaba que a partir del 2 de enero personal subalterno se haría cargo de las tareas pendientes del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura (CM) e implementará una transición ordenada hasta que asuman los nuevos consejeros y magistrados electos.

Para ello, el proyecto de ley establecía que "de manera excepcional, a partir del 2 de enero de 2024, quedan suspendidos todos los plazos procesales para todas las causas que se encuentren en trámite en los despachos de las magistradas hasta la posesión de las nuevas autoridades electas".

De acuerdo con el Proyecto de Ley, el proceso de preselección de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, se dividiría en dos partes: el proceso de preselección de candidatos que lo realizará la Asamblea Legislativa, tendrá un plazo de hasta 45 días. Mientras que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendrá tiempo de hasta 90 días para organizar la votación popular.