El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, expresó su respaldo a la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de resolver la prórroga de las altas autoridades judiciales hasta que se desarrollen las elecciones judiciales.

“Consideramos que (el TCP) resguarda la Constitución y hace respetar la misma y todo su contenido”, afirmó Torres, según reporte de Correo del Sur.

El TSJ, precisamente, fue la instancia que activó el recurso de consulta de constitucionalidad sobre la Ley de las Elecciones Judiciales que había sido aprobado por el Senado y mandado en consulta a diferentes instancias por una Comisión de Diputados.

Torres, en ese sentido, justificó la decisión del TSJ de enviar el proyecto de Ley al TCP debido a que es el Tribunal “la única instancia que podía dilucidar el futuro respecto al vacío de poder que se avecinaba a partir del 2 de enero”.

El Presidente del TSJ cuestionó que la Ley aprobada en el Senado “vulneraba varios derechos como el acceso a la justicia” y pretendía “generar una vacancia y un vacío de poder encargando al personal subalterno que se haga cargo de la transición hasta que se hagan las elecciones judiciales”.

En otro contacto con Erbol, Torres fue enfático en señalar que el fallo del TCP es de cumplimiento obligatorio y servidores públicos deben acatarlo en su integridad.

Argumentó que sólo pueden ejercer como altas autoridades judiciales quienes sean elegidos mediante voto, mientras que los otros órganos del Estado no tiene la tuición de elegir magistrados.

La mañana de este martes, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolvió que las actuales autoridades judiciales permanezcan en sus cargos hasta que se realicen las elecciones judiciales.

El TCP también declaró inconstitucional varios de los artículos, entre ellos los referidos a los plazos establecidos en el Proyecto de Ley de las Elecciones Judiciales que había sido aprobado por el Senado y remitido a consulta por la Cámara de Diputados.

Así, los actuales magistrados del TCP, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental permanecerán en sus cargos a pesar de que éstos fenecen el 2 de enero de 2024, según  marca la Constitución.

“La declaración constitucional que les he mencionado dispone la continuidad o prórroga de mandato de las actuales autoridades tanto del Órgano Judicial como del Tribunal Constitucional Plurinacional, entre tanto no sean elegidas y posicionadas las nuevas autoridades judiciales producto de la preselección, que es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y producto de la elección que tiene que organizar y ejecutar el Órgano Electoral Plurinacional”, explicó el TCP.

Antecedentes

Después de que el TCP anulara la convocatoria y preselección de cara a las elecciones judiciales, en agosto pasado, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que fue remitido a Diputados para su revisión.

Sin embargo, cuando fue derivada a la Cámara de Diputados, la Comisión de Constitución decidió remitir el proyecto a consultas con tres ministerios del Órgano Ejecutivo. Además, a los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura.

Luego, el 20 de septiembre, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, remitió la consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que, finalmente la admitió el 28 de septiembre.

La norma en cuestión, ahora anulada, señalaba que a partir del 2 de enero personal subalterno se haría cargo de las tareas pendientes del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura (CM) e implementará una transición ordenada hasta que asuman los nuevos consejeros y magistrados electos.

Para ello, el proyecto de ley establecía que "de manera excepcional, a partir del 2 de enero de 2024, quedan suspendidos todos los plazos procesales para todas las causas que se encuentren en trámite en los despachos de las magistradas hasta la posesión de las nuevas autoridades electas".

De acuerdo con el Proyecto de Ley, el proceso de preselección de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, se dividiría en dos partes: el proceso de preselección de candidatos que lo realizará la Asamblea Legislativa, tendrá un plazo de hasta 45 días. Mientras que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendrá tiempo de hasta 90 días para organizar la votación popular.