Como no se realizaron las Elecciones Judiciales este año, el alcalde de La Paz, Iván Arias, se mostró preocupado este viernes ante el panorama a partir de enero, dado que se puede presentar un escenario donde cualquier resolución judicial sea demandada como inconstitucional. Debido a esta situación, el burgomaestre propuso gestionar un “gran acuerdo político” para evitar la revocatoria de los fallos judiciales.

“Necesitamos un gran acuerdo político para que eso no ocurra porque mañana un fallo de cualquier instancia puede ser revocado y cuestionado por la inconstitucionalidad de los que lo están emitiendo. Ese es el problema que se puede originar, imagínese usted, eso puede ser tremendamente complicado para el país por eso se necesita un gran acuerdo político para que no entremos en una confrontación ilegal que inhabilite cualquier determinación”, explicó el alcalde de La Paz. 

El alcalde Arias recordó que la Constitución Política del Estado establece que las nuevas autoridades judiciales deben ser elegidas mediante el voto, caso contrario las acciones judiciales pueden ser objeto de observaciones y los fallos podrían ser revocados.

“Es complicado, porque según la Constitución las nuevas autoridades judiciales deberán ser elegidas mediante voto. Yo estoy muy preocupado porque a partir de enero puede ocurrir que una resolución judicial sea interpuesta y sea demandada de inconstitucional. ¿Por qué?, porque la autoridad que lo está emitiendo no goza la constitucionalidad necesaria”, añadió.

El 31 de diciembre las actuales altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y del TCP deben cumplir su mandato y desde los primeros días de enero deberían asumir los nuevos titulares.

Sin embargo, el proceso de las elecciones judiciales se encuentra paralizado desde julio por un recurso abstracto de inconstitucionalidad que anuló la convocatoria y reglamento al proceso de selección que había empezado.

Además, la Ley de las Elecciones Judiciales que había sido aprobado por el Senado se encuentra en revisión de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a pedido del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por lo que su tratamiento en Diputados está paralizado y  no hay fecha definida para su realización.