La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz admitió la acción Popular presentada por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, por la calidad del agua que se distribuye en La Paz.

La audiencia fue fijada para el viernes 13 de octubre a las 13:00, según información oficial de la institución defensorial.

De acuerdo al documento emitido por el vocal presidente de la Sala Constitucional Primera, Dr. Alfredo Jaime Terrazas, la audiencia será de forma presencial y citó al viceministro de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Max Enríquez; a la directora ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, Karina Ordóñez; al interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento, Jaime Gutiérrez; y, finalmente, al director del Servicio Departamental de Salud, Adrián Ascarrunz.

Asimismo, para esta audiencia la Sala Constitucional Primera invitó en calidad de ‘Amicus Curiae’ a la Universidad Mayor de San Andrés. Además, se citó a “terceros interesados” como el Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA;, al director del Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable (PERIAGUA); a Óscar Campanini como experto en temas de acceso al agua potable del CEDIB; a la Asociación Boliviana de Ingenieros Sanitarios; a la Asociación Multidisciplinaria de Consultores Ambientales; y al ministro de Educación, Edgar Pary Chambi.

“La acción popular apunta a solicitar nuevos estudios y exámenes laboratoriales sobre calidad de agua, que puedan ser acreditados por laboratorios certificados e independientes. Estos nuevos estudios, darán certidumbre a la población sobre las condiciones reales del líquido elemento y será la base para la toma de determinaciones certeras”, dijo el Defensor del Pueblo sobre la acción popular.

La demanda alcanza a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS); a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico; al Ministerio de Salud y Deportes; y al SEDES del Departamento de La Paz.

Entre varios puntos, la demanda solicita también que se desarrollen inspecciones en todas las fuentes de agua y las redes de distribución.

“La población de La Paz conoce que hay dos informes, uno del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y otro de la Universidad Mayor de San Andrés, que cuestionan la calidad del agua que se consume y esto coloca a la población en una especie de incertidumbre e inseguridad", acotó el defensor Callisaya.