El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, afirmó este viernes que las Elecciones Judiciales no están desahuciadas; sin embargo, advirtió que ahora el Legislativo deberá trabajar “al ritmo de otros Órganos del Estado”.

En conferencia de prensa, Mercado afirmó que la Cámara Baja y la Comisión de Diputados continúan trabajando para tener una Ley de las Elecciones Judiciales.

En ese sentido, señaló que se está a la espera que los ministerios, además del TSE y el TSJ remitan sus respuestas a las consultas que se les hizo llegar sobre la Ley ya aprobada en el Senado.

“Nosotros estamos siempre buscando, la Comisión de Constitución está trabajando, esperado lleguen las respuestas correspondientes (…) hemos enviado notas pidiendo respondan lo antes posible”, afirmó.

Acotó que el Legislativo y en particular la Cámara Baja sacará una Ley “que no vaya al cuoteo, que vaya en el marco de las leyes y no como la que habían previsto, ese contubernio pacto oscuro”.

La Ley aprobada por el Senado, entre otras cosas, disponía que las Elecciones Judiciales se realicen en enero del 2024; sin embargo, los plazos podrían alargarse dado que en pasado días el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentó una consulta de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la Ley de las Elecciones Judiciales que fue aprobada por la Cámara de Senadores.

La consulta del TSJ

La consulta de constitucionalidad fue presentada por el presidente del TSJ, Ricardo Torres, con autorización de la Sala Plena. El recurso busca conocer si la norma aprobada por el Senado y aún estancada en Diputados respeta lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE).

Ahora, la Comisión de Admisión del TCP tiene hasta este viernes para admitir o rechazar la consulta. En caso de no cumplir los requisitos, el TSJ deberá ajustar las eventuales observaciones del documento en cinco días.

Sin embargo, de ser admitida la consulta, el tratamiento del proyecto de la ley transitoria para las judiciales será suspendido, mientras el recurso se resuelve, hasta en 30 días hábiles.

Así, las elecciones judiciales sufrirían un nuevo retraso y hasta peligraría que se realicen en enero del 2024, como preveía el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con base a la norma aprobada en el Senado.

Las observaciones

El TSJ solicita que el TCP se pronuncie sobre el artículo 2 y la disposición adicional sexta del proyecto de ley Nº144/2022-2023, tomando en cuenta los fundamentos que expone en el documento y también en la sentencia constitucional 60/2023 sobre las elecciones judiciales.

En el segundo punto de su petitorio del documento, el máximo tribunal de justicia del país solicita “notificar a la Asamblea Legislativa Plurinacional la suspensión en el tratamiento de cualquier proyecto de ley que tenga por finalidad regular la preselección de altas autoridades”, una vez admitida la consulta de constitucionalidad.

“El proyecto de ley carece de legitimidad material debido a la falta de un proceso de preselección de altas autoridades judiciales adecuado. En efecto, este proyecto de ley acorta el proceso de preselección y no valora el mérito de los candidatos, lo que va en contra de los argumentos presentados en la ratio decidendi de la sentencia constitucional 0060/2023”, señala uno de los fundamentos del TSJ.

También observa que, ante el vacío institucional en la administración de justicia, el proyecto de ley “en lugar de garantizar materialmente la designación de altas autoridades judiciales, establece un periodo de transición en el que el personal subalterno asume las competencias de las altas autoridades”.

La norma

A inicios de mes, la Cámara de Senadores aprobó la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales por unanimidad y la remitió a Diputados para su tratamiento.

La propuesta normativa fue aprobada por unanimidad y establece que el proceso de preselección de postulantes a magistrados se hará en 45 días, y la fase de organización de los comicios durará hasta 90 días calendario. Con estos tiempos, los comicios se desarrollarán a inicios de 2024, y en febrero se posesionará a las nuevas autoridades.

Asimismo, el Proyecto del Ley ordena a los actuales magistrados dejar sus cargos en diciembre de este año, como establece la Constitución Política del Estado (CPE).

Una vez que cesen sus funciones, desde el 2 de enero de 2024 el personal subalterno se hará responsable de la transición en cada una de las cuatro máximas instancias, es decir en el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agrario, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional.

De manera excepcional, a partir de 2 de enero de 2024 quedan suspendidos todos los plazos procesales para todas las causas que se encuentren en trámite en los despachos de los magistrados cesantes “hasta la posesión de las nuevas autoridades electas”, se dio lectura en la sesión de la Cámara de Senadores.