El jueves, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenó que el Legislativo no puede tratar ningún Proyecto de Ley referido a las interpelaciones hasta que no se resuelva la consulta de constitucionalidad presentada por el Gobierno sobre un proyecto de ley que regula los efectos de la censura.

“Es de conocimiento público que se tiene proyectos de ley referidos a la censura vinculados en el fondo con el proyecto en consulta, mismo que se había remitido para su tratamiento a comisión, en ese sentido, en estricto cumplimiento de la norma antes señalada del Código Procesal Constitucional, no es posible iniciar ni tramitar otro proyecto de ley que tenga el mismo objeto que el que se encuentra en consulta, pendiente de la decisión final del Tribunal Constitucional Plurinacional”, señala la carta que el TCP hizo llegar a la Cámara de Diputados.

El presidente de Diputados, Jerges Mercado, comunicó al Pleno de la Cámara Baja sobre la nota remitida por el TCP y advirtió que tratar la Ley de Interpelaciones – que fue acordada entre las tres bancadas- o realizar otra implicaría “desobediencia”.

“Hacer (otra ley) implica incurrir en desobediencia y nosotros cumplimos en informarles a ustedes lo que está pasando. Más allá de nuestra voluntad, que felicito a los jefes de bancada que trabajamos juntamente con mi equipo y hemos propuesto un proyecto de Ley 304 con la esperanza de que no nos observen. Nos han observado”, dijo en el hemiciclo.

Según se conoce, el 21 de abril, el presidente Luis Arce, mediante memorial, a través de su representante, se apersonó ante el TCP para formular la consulta sobre la constitucionalidad de los artículos 3.III y 4 del proyecto de ley que establece los efectos jurídicos de la censura. Esta medida fue admitida mediante auto constitucional 0185/2023-CA, el 2 de mayo.

La posición de Mercado de no tratar la Ley de las Interpelaciones generó críticas de la oposición y el ala más radical del MAS.

En su defensa, el Presidente de Diputados afirmó que fue su presidencia la única que se apersonó a la Sala Constitucional Primera de La Paz para defender la facultad del Legislativo para interpelar.

 “Me dicen por qué no interpusimos un recurso penal. Lo analizamos, íbamos a iniciarlo a los vocales de la Sala Constitucional Primera de La Paz, pero no se puede iniciar un proceso penal cuando está en consulta la medida adoptada por ellos. Nos las iban a rechazar inmediatamente”, aclaró.

El miércoles, la Comisión de Constitución de Diputados rechazó el tratamiento del proyecto de Ley 304 de aplicación normativa sobre la interpelación y los efectos de la censura, pese a que las tres fuerzas políticas acordaron tratar con prioridad este documento.

Juan José Jauregui (MAS), presidente de la comisión, señaló que se sugirió en esa instancia rechazar todos los proyectos respecto a este tema debido a que se encuentra en proceso de consulta constitucional.