Este viernes, se conoció el fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz y la lista de los ministros que fueron favorecidos con una medida cautelar que suspende, provisionalmente, sus interpelaciones en la Asamblea Legislativa.

“En razón a la medida cautelar solicitada por el accionante y terceros, está Sala Constitucional dispone la suspensión provisional de los actos interpelatorios en contra de los terceros interesados hasta que la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional radicada la presente acción, valore la pertinencia o no de la decisión qué toma este Tribunal de Garantías Constitucionales y decida sobre ella”, dice la resolución a la que tuvo acceso Erbol y que habría sido notificada al Legislativo el 31 de agosto.

En ese sentido, en el fallo se reveló la lista de ocho ministros favorecidos por el fallo de la Sala Constitucional, además del accionante Marcelo Montenegro (Ministro de Economía):  María Nela Prada (Ministra de la Presidencia), Franklin Molina (Ministro de Hidrocarburos y Energía), Rubén Méndez (Ministro de Medio Ambiente y Agua), Eduardo Del Castillo (Ministro de Gobierno), Édgar Montaño (Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda), Iván Lima (Ministro de Justicia y Transparencia Institucional) y Sabina Orellana (Ministra de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización).

En ese marco, la Sala Constitucional Primera también solicitó al Tribunal Constitucional la consideración prioritaria del régimen cautelar definido en la acción.

Legisladores evitas presentan demanda

Entretanto, este viernes, tres senadores del ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) presentaron una denuncia penal contra los vocales de la Sala Constitucional por su fallo sobre las interpelaciones.

La senadora Simona Quispe y su colega Félix Ajpi llegaron este viernes hasta las oficinas de la Fiscalía Departamental de La Paz para presentar la denuncia por los presuntos delitos de prevaricato, incumpliendo de deberes y resoluciones contrarias a la ley y a la Constitución.

En criterio de los legisladores, la resolución de la Sala Primera de La Paz vulnera sus competencias de fiscalización, reconocidas en las normas internas y en la Constitución Política del Estado (CPE).

En pasados días, cabe recordar, el vocal Israel Campero, de la Sala Constitucional Primera de La Paz, aclaró que la decisión no suspende las interpelaciones legislativas, pues estas pueden realizarse siempre que cumplan con lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) y el reglamento interno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y sus respectivas cámaras, además de garantizar el debido proceso.

“El fallo es muy claro, de conceder la tutela a favor del ministro Montenegro. Existe una consulta previa de constitucionalidad ante el TCP, una medida cautelar respecto a 8 ministros que se han adherido a la acción de amparo”, afirmó.

Campero, en ese sentido, afirmó que la medida cautelar no se aplica a todo el gabinete del presidente Luis Arce y asevero que “ni la Sala Constitucional Primera ni ningún Tribunal serio en el mundo puede suspender una de las facultades más importantes del Órgano Legislativo”.