La tarde de este jueves, la Cámara de Senadores aprobó en su estaciones en grande y en detalle el Proyecto de Ley 144, para la regulación de la preselección de postulantes a magistrados hacia las elecciones judiciales.

La Cámara Alta inició el debate de la norma tras aprobar una moción emergente solicitada por el senador Luis Seoane y después de que los jefes de bancadas instalaran una “mesa de consenso” para redactar una sola normativa que empiece a allanar el camino para la realización de los comicios.

Precisamente en la sesión, la presidenta en ejercicio del Senado, Gladys Alarcón, dejó en claro que la Ley aprobada fue redactada por los tres jefes de bancada y será revisada por ellos mismos antes de que se la remita a la Cámara Baja.

La aprobación de la Ley en el Senado se da exactamente un mes después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia Constitucional con la que anuló la convocatoria, el reglamento y la Ley 1513, con lo que dejó en fojas cero el proceso para las elecciones judiciales.

En su fallo, el TCP también dispuso que todas las decisiones en torno a ese proceso se aprueben con los dos tercios de votación en la Asamblea Legislativa, lo que hizo, hasta hoy, inviable avanzar en el proceso ante la falta de consenso entre las tres fuerzas políticas.

Además, la Ley se aprueba en el Senado al límite del plazo dado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), instancia que señaló que para garantizar que las elecciones judiciales se desarrollen el 3 de diciembre necesita tener la lista de candidatos hasta el 4 de septiembre.

La norma

Según la iniciativa legal concertada entre el MAS y las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), el proceso de postulación y preselección de candidatos judiciales, que es responsabilidad del legislativo, tendrá un plazo de hasta 45 días.

Mientras “la organización y realización de la votación popular, con una duración de hasta 90 días calendario”.

A partir de los plazos, se perfila para enero las elecciones judiciales y para febrero la posesión de las autoridades electas.