Este martes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio inicio al juicio por el caso Petrocontratos sin la presencia del principal acusado, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada ‘Goni’ y otros incriminados.

Varias carpetas de la investigación fueron ubicadas, por personal de la Fiscalía General del Estado, en la parte central del salón de la audiencia a la que acudieron varios juristas y el fiscal General, Juan Lanchipa.

En los sillones apartados para los acusados no están Sánchez de Lozada ni los exministros de Hidrocarburos, Carlos Morales Landivar y Fernando Yañez de la Riva, ni el exministro de Minería e Hidrocarburos Jorge Berinduague Alcocer, todos declarados en rebeldía.

El artículo 91 Bis de la Ley 1970 establece que “cuando se declare la rebeldía de un imputado dentro del proceso penal por los delitos establecidos en los Artículos 24, 25 y siguientes de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, el proceso no se suspenderá con respecto del rebelde. El Estado designará un defensor de oficio y el imputado será juzgado en rebeldía, juntamente con los demás imputados presentes”.

En apego al artículo 18 de la Ley 044 de juicio de responsabilidades, el Tribunal Supremo de Justicia se constituye “como tribunal colegiado en pleno y en única instancia” para juzgar a los procesados.

El juicio se sustanciará en forma oral, pública, continua y contradictoria hasta que se dicte sentencia, refiere el parágrafo segundo del artículo 18.

La acusación será planteada y sostenida por el Fiscal General del Estado.

La sentencia será pronunciada por dos tercios de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia.

El caso

En este caso, Sánchez de Lozada, más otras antiguas autoridades, está acusado por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Según información de La Razón, la causa investiga la firma de contratos con al menos 21 empresas transnacionales, cuyo trabajo era verificar y explotar reservas hidrocarburíferas. Según las acusaciones, los documentos se suscribieron antes del aval del Órgano Legislativo y favorecieron los intereses de las petroleras en detrimento del interés del Estado.

De los 106 contratos, 52 se firmaron en la primera gestión de gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997); 49 en la del extinto Hugo Banzer (1997-2001); cuatro en la de Jorge Quiroga (2001-2002), y uno en la de Carlos Mesa. Estos dos últimos quedaron excluidos del juicio, en momentos distintos, y Goni huyó del país, a Estados Unidos, el 2003.

La denuncia sobre el caso fue presentada por el también exmandatario Evo Morales, en 2005, cuando era diputado. El Ministerio Público admitió la demanda el 14 de abril de ese año. El 4 de mayo, el entonces fiscal general Pedro Gareca formuló el requerimiento acusatorio y posteriormente se requirió a la Suprema que pida la autorización para empezar los procesos.

El 11 de septiembre de 2011, la Asamblea Legislativa autorizó el procesamiento de las exautoridades por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y encubrimiento.