La construcción de la carretera las Cruces- Buena Vista genera nuevas fricciones entre el Gobierno nacional y la Gobernación de Santa Cruz.

La Gobernación cruceña, a la cabeza del encarcelado Fernando Camacho, rechaza el tramo dos de la carretera y desde la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) se advirtió con el inicio de un nuevo proceso penal contra el Gobernador de Santa Cruz por el delito de incumplimiento de deberes.

Entretanto, pobladores exigen la construcción de la carretera, que ya cuenta con financiamiento de la CAF desde el año 2018.

La posición de la ABC

En las últimas horas, el gerente regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Santa Cruz, René Solano, advirtió que la postura intransigente de la Gobernación cruceña de no viabilizar la construcción de la carretera Santa Cruz – Las Cruces – Buena Vista pone en riesgo el financiamiento.

“Esperemos que no lleguemos a este punto, siendo importante la inversión en favor del departamento de Santa Cruz”, reflexionó ante la renuencia de la gobernación de Luis Fernando Camacho de ratificar el convenio intergubernativo y viabilizar su ratificación en la Asamblea Legislativa Departamental, controlada por la alianza Creemos.

Solano aseveró que la ABC, con base en el diseño original realizado por la misma Gobernación, mantiene la posición de que se licite el tramo completo de la vía, Santa Cruz (Km13) – Las Cruces – Buena Vista, y no de manera fragmentada como propone la Gobernación, que deja relegado el tramo II a un posible cambio de ruta.

“Estamos preocupados ante la posición intransigente del gobierno departamental y de la Asamblea Legislativa Departamental de no ratificar el convenio intergubernativo suscrito por el gobernador Luis Fernando Camacho, para poder licitar la obra”, recordó en Bolivia Tv.

La carretera tiene una longitud de 80 kilómetros y su costo es de $us 212.000.000, de los cuales el Gobierno nacional aporta el 70% y la Gobernación el 30%. La CAF aprobó el crédito para financiar la obra y desde 2018 se paga intereses.

“La idea de ellos es modificar este convenio y rediseñar u omitir el tramo II, lo cual sería inviable, cuando fue avalado y trazado por ellos mismos”, cuestionó Solano.

Y agregó: “Tenemos el convenio 15/2022 donde la gobernación se compromete a gestionar la ejecución del proyecto ante la Asamblea Legislativa Departamental. Nosotros venimos pagando intereses del crédito desde el 2018 y como ABC y Gobierno nacional estamos agotando los mecanismos para hacer cumplir este convenio”, insistió.

La Gobernación afirma que “defiende el agua de los cruceños”

Entretanto, desde la Gobernación de Santa Cruz, a través del asesor de Gestión de la Gobernación, Efraín Suárez, se afirmó que, a pesar de las amenazas, la Gobernación mantendrá su postura de rechazar la construcción del tramo 2 de la carretera Buena Vista – Las Cruces, argumentando que afectaría los acuíferos que proveen de agua a la capital cruceña.

“El gobernador Luis Fernando Camacho seguirá defendiendo el agua de los cruceños, seguirá defendiendo a Santa Cruz como siempre lo ha hecho, así lo llenen de procesos. Santa Cruz no está sola, el agua de los cruceños es intocable y el gobernador seguirá defendiendo el medioambiente”, enfatizó Suárez, según reporte de El Deber.

El asesor explicó que el proceso en curso parece ser un intento de presionar a la Gobernación para que ceda ante la demanda de la ABC de construir la carretera Km 13 – Las Cruces – Buena Vista según su diseño inicial. Afirmó que no se oponen a la construcción de la carretera en sí, pero insisten en que debe realizarse con un nuevo trazado que no dañe el medioambiente.

Suárez, siempre según el reporte del medio cruceño, señaló que, el "capricho" de la ABC en construir este tramo a través de los acuíferos tiene motivaciones políticas y económicas. Argumentó que en esta zona existen varias comunidades afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y que algunos empresarios desean construir urbanizaciones en el área.