La Defensoría del Pueblo, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP-Bolivia), presentará este lunes su primer Informe Anual correspondiente a la gestión 2022, en el cual emite 30 recomendaciones al Estado boliviano para precautelar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país en cuanto a las personas privadas de libertad.

En ese sentido, una de las principales recomendaciones se refiere a cerrar el Penal de San Pedro en La Paz e iniciar la construcción de un nuevo reclusorio acorde a las necesidades la población privada de libertad.

Asimismo, se hace un llamado a evaluar el abuso de la figura de la detención preventiva, la cual es una de las causas del hacinamiento carcelario que afecta al régimen penitenciario el país.

El informe en general contiene los resultados de las primeras 273 visitas realizadas por el MNP-Bolivia a diferentes centros penitenciarios, centros de reintegración social, celdas policiales, centros de acogimiento para niñas, niños y adolescentes, hospitales psiquiátricos y centros de formación militar, donde se evidenció la situación de las personas que viven en privación de libertad o bajo custodia del Estado.

“Producto de las visitas y relevamiento de información, la Defensoría del Pueblo, a través de este primer informe del MNP-Bolivia, emite 30 recomendaciones que pretenden, por un lado, impulsar soluciones a problemas estructurales, y por otro lado, atender necesidades urgentes”, informó el ente defensorial a través de una nota de prensa.

Y agregó que “bajo la perspectiva de aplicar de manera óptima las políticas carcelarias, las recomendaciones buscan mejorar la administración de justicia, trabajar en políticas de reinserción social y también en crear mejores condiciones en los centros penitenciarios”.

Estas recomendaciones están dirigidas a instancias gubernamentales como: el Ministerio de Gobierno, Dirección General de Régimen Penitenciario, direcciones departamentales de Régimen Penitenciario, Ministerio de Salud y Deportes, Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Consejo de la Magistratura, Ministerio de Defensa y Comando General de la Policía Boliviana.

Cabe recordar que, Bolivia ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a través de la Ley N° 1939 de 10 de febrero de 1999, y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a través de la Ley N° 3298 de 12 de diciembre de 2005.

“A través de estos tratados nuestro país está obligado a contar con una instancia independiente que examine periódicamente el trato y las condiciones de vida de las personas privadas de libertad o en custodia del Estado”, acotó la Defensoría.