El Gobierno nacional reiteró que no levantará la subvención a los hidrocarburos, pese al fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), porque no se afectará a la población boliviana con el incremento de precios y se trabaja en la construcción de plantas de biodiesel para reducir las importaciones, afirmó este lunes la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

“Nosotros no vamos a levantar la subvención, porque significaría un incremento de precios y afectaría a nuestra población. Lo que estamos haciendo y el camino es la implementación de plantas de biodiésel y este año estamos entregando la primera que significará una reducción de 100 millones de dólares año”, dijo.

Asimismo, remarcó que, a pesar del boicot externo e interno, Bolivia tiene estabilidad económica y avanza en el proceso de industrialización; además, recordó que el país tiene una inflación acumulada del 0,8%, la más baja de la región y la cuarta en el mundo.

“En este contexto adverso, en este contexto postpandemia, y a pesar del boicot interno y externo que existe hacia nuestra economía, nosotros tenemos mejores indicadores y vamos a seguir consolidando”, aseveró.

Alcón también señaló que la falta de divisas solo representó un periodo que se va superando de a poco y lo que prevalece son los indicadores favorables para la reactivación de la economía social y productiva.

La viceministra resaltó que este mes se entregará la primera planta de carbonato de litio y Bolivia cuenta con el reservorio más grande del metal blanco con 23 millones de toneladas; asimismo, destacó que se harán nuevos proyectos de exploración hidrocarburífera en el territorio nacional.

“Estamos hablando de plantas de industrialización que nos permitirán generar fuentes de empleo en todos los departamentos, y Tarija no es la excepción, también se están implementando proyectos de energía”, dijo.

Recordó que se construye otra planta de biodiésel en Santa Cruz y la HVO “una planta grande” para la reducción en un 70% de la importación de carburantes y el consecuente ahorro de divisas.

La viceministra instó a dejar de lado las diferencias políticas partidarias para avanzar en la reactivación económica y atender las necesidades de la población.

“¿Qué tenemos que hacer? devolver a la población esa confianza que ha depositado en sus autoridades, no necesitamos generar divisiones o generar intereses partidarios, lo que tenemos que hacer es trabajar por el pueblo boliviano, por el pueblo tarijeño, que quiere obras, que quiere resultados, que quiere estabilidad económica y ese es el camino”, dijo.

Hace unas semanas, se conoció que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) falló a favor del Perú en la demanda interpuesta contra Bolivia por diferenciar el precio de venta del combustible.

Perú acusó a Bolivia de realizar mayores cobros a transportistas internacionales terrestres de mercancía y pasajeros que circulaban en su territorio con placa extranjera.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) peruano, a través de un comunicado, donde detalló que "la diferencia de precios en el combustible afectaba los costos logísticos de los transportistas, causando la pérdida de competitividad del comercio exterior peruano".

En ese sentido, indicó que Bolivia tiene un plazo máximo de 90 días para cumplir con el fallo del TJCAN y cesar "la conducta que ha sido declarada como contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino".

Uno de los magistrados de la TJCAN que votó contra el país afronta procesos en el país por su designación irregular y el actual procurador del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó que su antecesor, designado en la gestión de Jeanine Añez, no asumió la defensa oportuna del Estado.