Este viernes, el juez Lander Claros benefició con detención domiciliaria a Jeanine Añez por el caso de las masacres en Sacaba (Cochabamba); no obstante, la expresidenta seguirá en la cárcel por otros procesos, como los casos denominados Golpe I y II, la masacre de Senkata, entre otros.

En el caso Sacaba, la Fiscalía imputó a Añez por genocidio y otros delitos y solicitó su detención preventiva; no obstante, el juez decidió otorgarle una medida menos gravosa.

“En todos los demás procesos se le ha determinado una detención preventiva, pero esta es la primera vez, podría decirse histórica, en que básicamente con los argumentos que se han esgrimido por parte de la defensa como de la propia expresidenta, el juez ha determinado es la detención domiciliaria”, destacó el abogado Alaín De Canedo, que representa a Añez, en contacto con Erbol.

El jurista, empero, ratificó que Añez seguirá encerrada en la cárcel de Miraflores, puesto que sigue con detención preventiva en otros casos y hasta con sentencia, en el caso del proceso llamado ‘Golpe II’.

Además, adelantó que la parte acusadora, “seguramente”, apelará la decisión y esta podría ser revocada.

En esa línea, el abogado Jorge Nina, que patrocina a la exasambleísta Lidia Patty, principal denunciante de los casos ‘Golpe I y II’, lamentó la decisión judicial y expresó su deseo de que el Ministerio Público y las víctimas de la masacre de Sacaba apelen la resolución del juez.

“Esperamos que el Ministerio Público y las victimas puedan objetar esta resolución (…) Por la gravedad del hecho, que hubo personas fallecidas, el juez debería tomar medidas extremas considerando esas personas han sido ejecutados extrajudicialmente”, señaló Nina.

La masacre de Sacaba, como fue calificada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la crisis de 2019, ocurrió el 15 de noviembre de 2019, a tres días de que tomara el poder Áñez, apoyada por la oposición política y cívica.

Un contingente policial-militar intervino una marcha de cocaleros y otros sectores sociales con el saldo de 11 muertos y decenas de heridos de bala. En ese entonces estaba en vigencia el “decreto de la muerte”, que eximía a militares de responsabilidades penales por acciones de “restablecimiento del orden”.

Cuatro días después, el 19 de noviembre, ocurrió un hecho similar en El Alto, Senkata. En este caso, la Fiscalía también amplió el proceso penal contra Áñez, por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves vinculados a la masacre de Senkata.

La expresidenta se encuentra recluida en la cárcel y tiene una condena de 10 años, por la forma cómo tomó el poder. Según la investigación fiscal, se autoproclamó Presidente del Senado y luego de Bolivia en sesiones legislativos sin quórum y vulnerando la línea de sucesión.