La tarde de este viernes, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal  de Santa Cruz dispuso que los cuadernos de investigación del caso Banco Fassil, referidos a los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y delitos financieros, retornen a ese departamento desde La Paz.

La acción de libertad fue planteada por la defensa de Ricardo Mertens, expresidente del extinto Banco Fassil, y el juzgado habría tomado la decisión tras verificarse la “ vulneración a los derechos constitucionales” del exejecutivo.

“En la audiencia de acción de libertad se pidió la tutela constitucional para la anulación del acto ilegal desarrollado en fecha 21 de julio por el juez 4to anticorrupción de la Paz. Por no haber respetado el debido proceso a una notificación legal y respetar la defensa técnica de confianza no imponiéndole uno de oficio”, explicó Justiniano a El Deber.

El abogado indicó que se lograron 3 votos y se está a la espera de la orden final, que se notifique de manera legal con el acto y que se reenvíen a Santa Cruz los cuadernos, que fueron remitidos de "manera abusiva e ilegal a la ciudad de la Paz para estar a derecho”.

Así, se da un nuevo cambio en la investigación por los delitos financieros ocurridos en el extinto Banco Fassil, puesto que días atrás una Sala de La Paz había decidido acumular todos los procesos del caso en La Paz e incluso los cuadernos de investigación ya habían sido remitidos a la Sede de Gobierno

El pedido de que los casos se acumulen en La Paz fue realizado por el Ministerio de Justicia y la ASFI, al considerar la imposibilidad de que se lleven adelante dos juicios por los mismos hechos y también debido a que, a criterio del ministro Ivan Lima, la investigación en Santa Cruz está “contaminada”.

Lima, en ese sentido, aclaró que “cuando yo me refiero a la palabra contaminación, me refiero a que la investigación no estaba siendo eficiente” y afirmó que “no puede ser que la justicia de la billetera tenga un valor sobre el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad”.

Advirtió, asimismo, que, en caso de no realizarse un debido proceso, éste puede ser anulado y dejaría en la “impunidad a las personas que ocasionaron esta grave situación”.