Comisión del Senado agenda dos pedidos de juicio de responsabilidades contra Áñez
Uno se refiere al crédito de $us 327 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que Áñez pactó sin la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y el segundo por la vulneración de los derechos al trabajo y la libertad de expresión que fue interpuesto por ciudadanos bolivianos que venían de Chile en la época de la pandemia del Covid-19.

La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Senadores tiene en agenda dos solicitudes de juicio de responsabilidades en contra de la exmandataria, Jeanine Áñez, informó este martes el senador Luis Flores.
“En dos procesos, que no se inició por la vida ordinaria, el Tribunal Supremo de Justicia lo ha vuelto a remitir a la Comisión, nosotros lo hemos enviado meses anteriores y lo ha vuelto a remitir porque no existen procesos ordinarios”, explicó.
Uno se refiere al crédito de $us 327 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que Áñez pactó sin la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y el segundo por la vulneración de los derechos al trabajo y la libertad de expresión que fue interpuesto por ciudadanos bolivianos que venían de Chile en la época de la pandemia del Covid-19.
En el primer caso, dijo Flores, la denuncia la hizo el “Ministerio de Justicia por el préstamo al Fondo Monetario Internacional con un perjuicio al Estado por 26 millones de dólares”.
En medio de la pandemia del Covid-19, la administración de Añez solicitó un crédito al FMI por $us 327 millones, sin la aprobación del Legislativo, como establece la norma boliviana.
El 10 de abril de 2020, el entonces presidente del BCB, Guillermo Aponte, y el ministro de Economía, José Luis Parada, enviaron una “carta de intención de solicitud” de crédito a Christine Lagarde, directora gerente del FMI.
Para lograr la aprobación del crédito, ambas autoridades se comprometieron a hacer ajustes en materia de ingresos y gastos de mediano plazo, lo cual no correspondía.
El crédito era a cinco años plazo y la tasa de interés del 1%, pero se encontraba en Derechos Especiales de Giro (DEG), los cuales están indexados al dólar y fluctúan llegando a un interés real del 6%.
Los fondos fueron desembolsados entre el 20 y 21 de abril de 2020, a pesar de no tener la autorización de la Asamblea Legislativa que, por mandato del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, debe “aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones para la realización de obras públicas y de necesidad social”.
Por estas vulneraciones, el 17 de febrero de 2021, en el gobierno del presidente Luis Arce, el BCB informó que realizó la devolución del crédito de $us 327 millones al FMI.
El crédito generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado, que a febrero de 2021 sumaron $us 24,3 millones, de los cuales 19,6 millones eran por variación cambiaria y 4,7 millones producto de comisiones e intereses.
El caso del FMI involucra a Áñez, Parada Rivero, Guillermo Aponte Reyes Ortiz, entre otros funcionarios, acusados por resoluciones contrarias a la Constitución y conducta antieconómica.
En el marco de las investigaciones, en junio de 2021, el juez quinto anticorrupción de La Paz determinó la detención preventiva del exviceministro del Tesoro Carlos Schlink en la cárcel de San Pedro.
La Fiscalía acusó al exviceministro por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.
Un mes después, en julio de 2021, la justicia revirtió su decisión y otorgó arresto domiciliario al exfuncionario.
Flores adelantó que ambas solicitudes para enjuiciar a Áñez serán analizadas en la Comisión en las próximas semanas.
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