La Alcaldía de La Paz informó este jueves que el inmueble donde funciona la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) – que se encuentra en disputa entre las dirigencias de Amparo Carvajal y de Edgar Salazar- tiene una deuda impositiva de más de 719 mil bolivianos, desde hace once años.

Ante ello, la Comuna anunció el embargo del predio “en aplicación de normas nacionales y nombrar un custodio de esta propiedad hasta que se regularice el pago y el derecho propietario del mismo”.

En su programa radial, el alcalde de La Paz, Iván Arias, entrevistó a la directora Tributaria Municipal (ATM), Noemí Lastra, y a la secretaria municipal de Educación y Desarrollo Social, Amparo Morales, quienes explicaron la situación legal del inmueble, cuyo registro propietario permanece a nombre del Fondo de Pensiones de la Banca Privada, a pesar que el año 2002 fue cedido en calidad de comodato a la APDHB a través de una ley promulgada por el presidente de entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada.

La sede de la APDHB fue tomada por la dirigencia afín a Edgar Salazar el pasado 2 de junio. Desde ese día, Amparo Carvajal realiza una vigilia exigiendo recuperar el control del inmueble.

La activista, primero, se instaló en puertas de la institución y desde hace nueve días logró acceder a la azotea del inmueble, con ayuda de una escalera, donde permanece hasta hoy.

Entre tanto, afines a Salazar instalaron una huelga de hambre en el interior de la sede exigiendo que Carvajal acceda dialogar para dar fin al conflicto.

 “Ahora figura como propietario el Fondo de Pensiones, pero debería regularizarse porque hay una ley que le otorga la cesión en comodato. La solución es ni para ti ni para mí (en referencia a las partes en disputa); debemos ser custodios, no deberíamos usarlo para otro fin porque hay una ley (que la protege)”, dijo el alcalde Arias, en el programa radial, a tiempo de señalar que conforme la evaluación realizada por la comuna, corresponde embargar el inmueble hasta que pague su deuda impositiva y regularice el derecho propietario.

La directora de la ATM, al respecto, informó que después de revisar el padrón de contribuyentes del municipio paceño se identificó que el inmueble está “a nombre del Fondo de Pensiones de la Banca Privada y a partir del año verificamos que el inmueble no ha pagado impuestos por más de 11 años”.

A raíz de esta situación, en octubre del año pasado el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz emitió una resolución que fue publicada en un matutino de circulación nacional donde se hace constar que la deuda asciende a 402.216 bolivianos. “Sin embargo, la multa por omisión de pago representa el 80% del impuesto determinado que es 217.268 bolivianos. En consecuencia la deuda asciende a los 719.484 bolivianos”, detalló Lastra. 

Por su parte, la secretaria Morales reiteró que la sede sigue a nombre del Fondo de Pensiones de la Banca Privada a pesar de que a través de una ley del 2002 fue cedida en comodato a la APDHB, situación que también debe regularizarse.

“No ha habido regularización del registro (propietario), pero en 2002 se ha dispuesto como cesión a la Asamblea”, dijo Morales, quien precisó que para cederla a la esta entidad como comodato “se tenía que tramitar una ley, la ley fue emitida el mismo año por el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada donde figura como trasferencia a la Asamblea”.

Dado que la disputa entre Amparo Carvajal y Edgar Salazar sobre la reivindicación del uso del inmueble para la APDHB se mantiene, Morales explicó que le corresponde a la comuna embargar el inmueble y nombrar un custodio del mismo hasta que se regularice la deuda impositiva y el derecho propietario.

“Es del Estado (el inmueble) mientras no se haya regularizado el derecho propietario que debe tener la Asamblea y además la Alcaldía está siendo afectada por la falta de pago (de impuestos)”, dijo Morales a tiempo de reiterar que el “inmueble deber ser embargado porque no hay garantía de pago y hasta que se arregle la regularización”.

En tanto, Lastra explicó que “se tiene que cumplir el pago de la deuda, regularizar el derecho propietario, mientras tanto, conforme determina el artículo 411 del Código de Procesamiento Civil hay que determinar un custodio que somos nosotros (en referencia a la Alcaldía de La Paz)”.