Tras la polémica por la censura y posterior restitución del ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, el portavoz presidencial, Jorge Richter, pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) priorizar en su labor las necesidades de la población por encima de los intereses políticos.

“Tenemos la expectativa, y sin lugar a dudas que la ciudadanía comparte este criterio, que se pueda priorizar lo que se requiere como gestión de gobierno antes que las cuestiones políticas personales”, dijo Richter luego de la posesión de Eduardo del Castillo como ministro de Gobierno.

El llamado lo hizo luego de que el martes Del Castillo fuera censurado en la sesión legislativa con los votos de las opositoras Creemos, Comunidad Ciudadana y legisladores del MAS que responden al expresidente Evo Morales.

En apego a la decisión del Legislativo, el presidente Luis Arce determinó abrogar el Decreto Presidencial 4389, de 09 de noviembre de 2020, que designó a Del Castillo como Ministro de Gobierno.

Horas después, Arce volvió a posesionar al propio Del Castillo como Ministro de Gobierno, amparándose en una sentencia del TCP que declaró como inconstitucionales los artículos de la ley 1350 que prohibían una nueva designación, por parte del presidente, de un ministro censurado en el Legislativo.

“Esperemos que (en la Asamblea) se prioricen las necesidades que tiene el país, la sociedad y el Estado”, insistió el portavoz.

En ese sentido, Richter recordó que desde mayo se encuentra en el Legislativo el Proyecto de Ley de Lucha Contra la Impunidad de Delitos Sexuales contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes y que hasta ahora no fue aprobado.

La iniciativa, que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños y adolescentes y da paso a la creación de una Comisión de la Verdad, superó el trámite en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, pero hasta el momento no ingresó a consideración del pleno de la Cámara Baja.

La propuesta fue presentada por el Gobierno nacional, luego de las confesiones de pederastia del sacerdote jesuita fallecido Alfonso Pedrajas, quien en su diario reveló que abusó sexualmente a más de 85 niños y adolescentes, la mayoría en el Colegio Juan XXIII de Cochabamba.

El caso dio paso a una serie de denuncias de abuso sexual contra otros religiosos de diferentes ordenes de la Iglesia Católica.

El pasado fin de semana, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, demandó también a la Asamblea Legislativa acelerar el tratamiento y aprobación de proyectos normativos orientados a reforzar la protección de niños, niñas y mujeres ante los últimos hechos de violencia, además de lucha contra la corrupción.

Mencionó la propuesta modificatoria a la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; el Proyecto de Ley de Lucha Contra la Impunidad de Delitos Sexuales contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes; y la propuesta de Ley de Creación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención y Lucha Contra la Corrupción, que aún no ingresaron a tratamiento en el Legislativo.

“Tenemos la expectativa que lo que se vaya a priorizar sea esto, el tratamiento de lo que necesita en este momento nuestra sociedad”, enfatizó el portavoz.