La posesión de Carlos Eduardo del Castillo como Ministro de Gobierno está amparada en la normativa legal vigente y “no hay manera de comparar” con lo ocurrido en el gobierno de Jeanine Áñez, aseguró el ministro de Justicia, Iván Lima.

Entrevistado por el canal estatal, la autoridad también reveló que la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta el momento no aprobó el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para regular la censura, luego que el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad de la ley 1350.

Del Castillo fue posesionado como Ministro de Gobierno luego que fuera destituido mediante un decreto presidencial, dando así cumplimiento a la censura aprobada en el Legislativo con votos de los legisladores que responden a Evo Morales y de las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC).

La Constitución Política del Estado establece el efecto de la censura y también la atribución del Presidente de designar a sus ministros. Ambos preceptos fueron cumplidos, según el Ministro de Justicia. “No hay una norma jurídica que impida nombrar a Eduardo del Castillo Ministro de Gobierno”, insistió en Bolivia Tv.

Lima aclaró que no hay punto de comparación con lo ocurrido en el gobierno de Áñez – quien también volvió a posesionar a ministros que fueron censurados- porque en ese entonces estaba plenamente vigente el conjunto de la ley 1350 que, justamente, establecía la prohibición de designar nuevamente ministros a los que fueran censurados, como ocurrió con el exministro Arturo Murillo.

“No hay manera de comparar la violación de la Constitución Política del Estado por parte de Áñez con lo que ha ocurrido hoy (con Del Castillo)”, insistió Lima y aseguró que la censura fue aprobada por motivos ajenos a la interpelación, como es el caso de robo de vehículos en el extranjero.

Aunque la Constitución Política del Estado señala la obligatoriedad de destituir a un Ministro censurado; en abril pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucionales los artículos de la ley 1350 que prohibían una nueva designación, por parte del presidente, de un ministro censurado en el Legislativo.

La Sentencia 0020/23 fue resultado a la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el diputado suplente Rolando Cuéllar contra los artículos 3.II y III y 4 de la Ley 1350 que Regula los Efectos de la Censura Determinada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Teniendo en cuenta el fallo del TCP y su exhortación al Legislativo para legislar sobre esta temática, el gobierno elaboró y envió al Legislativo en abril un proyecto de ley para regular la censura y su efecto, pero hasta el momento no fue tratada.

“Le dieron esa tarea en abril, esta asamblea que ha tenido, lamentablemente, pocas leyes en este año, esta asamblea que recibe un presupuesto de más de 260 millones de bolivianos”, cuestionó Lima.