La mañana de este lunes, el presidente del Estado, Luis Arce, entregó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un Proyecto de Ley de Creación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención y Lucha contra la Corrupción.

“El órgano Ejecutivo ha trabajado este proyecto de Ley para que sea discutido en la Asamblea Legislativa. Tiene el objetivo de llevar adelante este sistema de gestión de riesgo de prevención y, por otra parte, continuar la lucha contra el flagela de la corrupción”, dijo el presidente Luis Arce.

La norma plantea, entre otros aspectos, identificar las cuentas bancarias de las empresas que se adjudican obras en el Estado.

La norma prevé abarcar a contratos de ejecución de obras del Gobierno nacional, gobiernos municipales y gobiernos autónomos departamentales.

“Se va a solicitar a todas estas empresas privadas que se adjudicaron obras, con las diferentes instituciones del Estado en sus diferentes estratos, que abran una cuenta donde se depositará el 100% de los recursos que el Estado se compromete al ejecutarse la obra, y en esa cuenta se podrá determinar los gastos que realizan las empresas privadas en la consecución de las obras señaladas en el contrato respectivo”, explicó.

El presidente señaló que, “siempre en el marco constitucional”, la solicitud a las empresas de la apertura de la cuenta específica para las obras del Estado es voluntaria.

“Se solicitará de manera voluntaria a las empresas privadas que puedan prescindir del secreto bancario de la cuenta que recibirá recursos de las bolivianas y los bolivianos, recursos del país, de diferentes estratos del Estado, tiene que hacerse el seguimiento sin perjudicar la inversión ni la gestión que realicen las empresas privadas”, remarcó.

Enfatizó que se respetará a las empresas privadas que no quieran cobijarse bajo el secreto bancario, conforme a la normativa vigente en Bolivia que asegura la confidencialidad.

El jefe de Estado remarcó que el proyecto de ley dirige la artillería hacia la prevención de ilícitos.

“Lo que sí hacemos con esta medida no solo es permitir la interoperabilidad de varios sistemas de información que tenemos en la sociedad en este momento, sino sobre todo, tomar medidas de prevención de transparencia en todas las obras que se realizan”, aseveró.

El presidente recordó que este flagelo afecta no solo a Bolivia, sino a la totalidad de los Estados en sus diferentes estratos y a las empresas privadas.

Recordó que, el Gobierno puso en vigencia el Sistema de Licitación Electrónica en tiempo real para compras menores y que generó ahorro de recursos económicos. Se espera que este sistema trascienda a contratos de obras mayores.

Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que “la norma se enmarca en los preceptos de lucha contra la corrupción acordes a los estándares internacionales; también a las convenciones anticorrupción de los que el Estado es parte”.

El contenido de esa propuesta incluye ocho artículos, cuatro disposiciones adicionales y una disposición transitoria.

Una de las principales características de esta norma es la digitalización. “La nueva política de lucha nacional contra la corrupción hacia una nueva gestión pública digitalizada y transparente”, explicó el Ministro a La Razón.