El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, confirmó que asistirá a declarar a la Fiscalía el próximo jueves; sin embargo, reiteró que no confía en la justicia boliviana y que se le acusa por delitos “inexistentes” relacionados al paro de 36 días que lideró en Santa Cruz el 2022.

“Lamentablemente, la forma de administrar justicia está totalmente cooptada por el poder político (…) Uno cuando es citado a prestar una declaración no sospecha que es lo que pueda pasar, todo puede imaginarse”, manifestó.

Cuéllar, en ese sentido, aseveró que es acusado por delitos que no cometió y afirmó que el paro de los 36 días fue el mandato de un cabildo, mecanismo que, dijo, es reconocido como una forma de democracia directa.

“El Gobierno trata de poner una cortina de humo ante tantos problemas que en este momento tiene”, aseveró.

Ayer se conoció que Cuéllar fue citado a declarar por la Fiscalía para el próximo 24 de mayo por los 36 días de paro que lideró – junto a cívicos y políticos- en Santa Cruz.

Cuéllar debía declarar el pasado 13 de abril; sin embargo, pidió la postergación debido a que se encontraba de viaje en el Vaticano. En caso de no presentarse a declarar el próximo jueves, la fiscal Magaly Bustamante advirtió que se emitirá la orden de aprehensión en contra del Rector de la UAGRM.

Precisamente el pasado 13 de abril, el expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) Reinerio Vargas, y el abogado constitucionalista José Luis Santistevan se abstuvieron de declarar ante el Ministerio Público.

La Fiscalía activó el caso a denuncia por el dirigente de la COR en El Alto, Marcelo Mayta, por el paro de 36 días que se desarrolló el 2022 en Santa Cruz. En la denuncia también figura el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, sin embargo, éste pidió reprogramar su declaración debido a que se encuentra de viaje en El Vaticano.

Los investigados, entre ellos Cuéllar, son acusados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo, discriminación, atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y terrorismo.

Entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2022 se impuso un paro de 36 días en Santa Cruz. La medida extrema, según la denuncia, estuvo caracterizada por la violencia, el racismo y discriminación que impusieron grupos radicales a la población que se oponía a la medida.

Durante el paro y bloqueo se impidió la circulación de ambulancias con pacientes, de carros fúnebres, de vehículos bomberos, de personal médico, incluso atacaron un bus y a efectivos policiales que transportaban a 13 reos.