El portavoz presidencial Jorge Richter consideró este jueves que los cívicos cruceños tendrán dificultades en concretar el anunciado revocatorio de mandato del presidente Luis Arce; pero, si lo consiguen, el Gobierno -aseguró- lo enfrentará.

“Van a tener dificultades para aprobar aquello (revocatorio)”, anticipó e identificó de inicio tres: El llenado de firmas requerido, la aprobación de la ley de convocatoria en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde el oficialista MAS-IPSP tiene mayoría, y la fundamentación.

“El revocatorio es una instancia constitucional. Si tuviéramos que llegar a aquello, por supuesto que lo enfrentamos, no hay un inconveniente, es un recurso constitucional, pero para llegar a ese recurso constitucional hay que fundamentarlo y después aprobarlo en la Asamblea Legislativa”, explicó.

El referendo de revocatorio de mandato fue propuesto por el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en el cabildo del 25 de enero en Santa Cruz, para presionar por una ley de amnistía para supuestos “presos políticos”, entre ellos el encarcelado Luis Fernando Camacho, procesado por el caso golpe de Estado de 2019.

La revocatoria de mandato, es el mecanismo constitucional a través del cual la ciudadanía, mediante sufragio, decide la continuidad o el cese de funciones de las autoridades elegidas por voto. Se activa, únicamente, por iniciativa popular y en una sola ocasión durante la gestión de la autoridad sujeta a revocatoria.

Este proceso puede ser solicitado por los promotores interesados, cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo del mandato de la autoridad electa y no tendrá lugar durante el último año de la gestión en ejercicio del cargo.

Arce fue elegido en las elecciones de octubre de 2020 con 3.394.052 votos (55,11%), por un periodo de cinco años. Asumió la presidencia el 8 de noviembre de 2020. La mitad de su mandato se cumple en mayo de este año.

Según normativa, una vez que haya trascurrido la mitad del mandato de la autoridad electa, los promotores deberán proceder a recabar firmas y huellas dactilares de adherentes en un plazo máximo de 90 días desde la habilitación realizada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Para concretar un referendo de revocatoria de autoridad nacional, los promotores deberán registrar por lo menos el 25% de firmas y huellas dactilares, incluyendo al menos el 20% del padrón de cada departamento o provincia correspondiente.

El proceso de verificación de firmas y huellas dactilares por parte del Tribunal Electoral competente se efectuará en un plazo máximo de 60 días de recibida la iniciativa popular, en caso de incumplir con el porcentaje de adhesión establecido en la norma, se rechazará la iniciativa y se devolverán los antecedentes a quienes la promovieron.

La convocatoria a referendo debe realizarse mediante ley, que tiene que ser sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tras ello, el TSE fijará un calendario electoral único para la realización simultánea y concurrente de las revocatorias de mandato de alcance nacional, departamental, regional y municipal que hayan cumplido con los requisitos establecidos.

El senador del MAS-IPSP Leonardo Loza descartó que el oficialismo en el Legislativo viabilice la acción promovida desde la derecha y los cívicos cruceños.

Calvo “está mal de la cabeza y debe ir al psiquiatra”, alegó el senador.

Richter consideró que, si bien pueden existir diferencias al interior del MAS-IPSP, el bloque “social y popular” tiene muy bien identificado a los “adversarios, a los enemigos” que “quieren un Estado de jerarquías, un Estado regresivo a los tiempos 90”.

“El MAS lo tiene claro, por encima de cualquier situación de diferencias, no van a trabajar del lado de la derecha radical y violenta que quiere un Estado desequilibrado, jerárquico, marginador de lo que ha significado esta construcción del Estado Plurinacional”, aseguró.