Continúa la polémica por la crisis del 2019. El fin de semana se supo que la Procuraduría General del Estado pidió a la Fiscalía investigar a los obispos de la Iglesia que propiciaron las reuniones para pacificar el país y que, según denuncias, derivaron en la decisión de que Jeanine Añez asuma la presidencia del Estado.

El memorial de la Procuraduría, revelado por El Deber, data del 30 de enero. A través de este documento se solicitó al fiscal Omar Mejillones, encargado de investigar el caso ‘golpe I’, citar a declarar a los integrantes de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).

Entre los señalados por la Procuraduría están el monseñor Ricardo Centellas Guzmán, quien era Vicepresidente de la CEB en 2019; Aurelio Pesoa Ribera, quien fue Secretario General episcopal; monseñor Giovani Édgar Arana, el obispo auxiliar de El Alto en 2019, y finalmente al padre, José Fuentes Cano, quien fue Secretario General Adjunto de la CEB.

La noticia provocó el rechazo del líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien calificó el pedido como “persecución política” y un intento por ocultar el presunto fraude electoral que, sumado a protestas cívicas y una pérdida de apoyo de la policía y las FFAA, derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

En respuesta a Mesa, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, aseveró que “todos los involucrados” en el presunto Golpe de Estado contra Morales deben ser citados a declarar.

“Señor Mesa hoy debiera guardar respeto por los asesinados por su gobierno en febrero de 2003, ese cargo por cuya candidatura cobró. Nosotros no quemaremos la evidencia del delito como usted lo hizo con los gastos reservados. Deben asistir ante la justicia todos los involucrados”, señaló la autoridad.

Al respecto, la entidad religiosa, a través del arzobispo de Paz, Percy Galván, indicó que el clero católico asistirá a cualquier convocatoria de fiscales y de otras instancias para informar el alcance de su actuación en el contexto de la crisis política de 2019.

“Como Conferencia Episcopal, y como Iglesia, hemos fijado la postura de estar siempre a disposición para aclarar cualquier duda sobre este tema, el de nuestra participación como obispos y en la participación de la Iglesia en aquellos momentos tan difíciles y críticos que le toco vivir a nuestro país”, dijo el vocero episcopal en un contacto con los periodistas.

Para Galván, una posible convocatoria es una forma de “amedrentación” en contra de la Iglesia, ratificó que los obispos acudirán a declarar ya que no gozan de ningún privilegio que les impida acudir a la Fiscalía.

“A lo mejor están buscando amedrentar, pero eso es desconocer la naturaleza de la Iglesia. Más bien tenemos más fortaleza. No vamos a actuar nunca de forma arbitraria. El hecho de ser religioso no nos impide de prestar cualquier declaración. No gozamos, como falsamente se entiende, de ningún privilegio”, apuntó Galván.