El juez primero en lo penal de El Alto, Marco Amaru, se declaró competente para procesar en la vía ordinaria a la expresidenta Jeanine Áñez por el caso de la masacre de Senkata, ocurrida durante su Gobierno el 2019.

La decisión se tomó en una audiencia de excepción de incompetencia, que se realizó a pedido de las víctimas de Senkata, que son patrocinadas por el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), dependiente del Ministerio de Justicia.

Un juicio de responsabilidades requiere de aprobación del Legislativo por dos tercios y se desarrolla ante el Tribunal Supremo de Justicia, mientras que un proceso ordinario sólo requiere de una acusación de la Fiscalía y se juzga en un tribunal de sentencia.

Precisamente, a inicio de mes, el Ministerio Publicó determinó la ampliación del proceso penal contra Áñez por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves vinculados a la masacre de Senkata, El Alto, que dejó a 10 personas fallecidas por impactos de bala el 19 de noviembre de 2019.

Las muertes ocurrieron en el marco del desarrollo de una operación militar y policial autorizada por la presidenta Añez y su primer gabinete.

Áñez y sus ministros firmaron el Decreto Supremo 4078, que eximió de eventuales juicios penales las acciones de los militares, que luego de los operativos y sucesivas masacres en los departamentos de La Paz y Cochabamba fue abrogado.

La comisión de fiscales que pidió la ampliación del proceso estableció que el 19 de noviembre de 2019 fuerzas de seguridad del Estado ejecutaron el Plan Sebastián Pagador, que consistía en tomar control de la planta estatal de engarrafado de gas licuado y almacenamiento de carburantes ubicada en el barrio de Senkata.

Las fuerzas de seguridad del Estado, que habían desplegado vehículos de combate, despacharon sin oposición ciudadana cisternas con combustible que llegaron “a su destino final sin novedad”.

“Sin embargo, posterior a la salida del convoy de cisternas, grupos de personas provistas de palos, piedras y petardos agudizaron sus protestas en inmediaciones de la planta, hecho que generó, entre otros, la caída de muros perimetrales colindantes con la carretera La Paz-Oruro”, señala el informe oficial.

A raíz de esos hechos, agrega el Ministerio Público, se generó la violenta represión de las fuerzas combinadas contra la población civil desarmada.

“Se registró un saldo de 31 personas heridas cuyas lesiones son compatibles por proyectil de arma de fuego y lesiones por elemento confuso perforante, así como 10 personas fallecidas, a causa de impacto por proyectil de arma de fuego”, señala la Fiscalía.

Los peritos forenses establecieron que dos personas fallecieron por arma calibre 9 mm, un fallecido por calibre 5,56 y dos por calibre 22. “Los restantes cadáveres presentaban orificios de entrada y de salida”.

Las muertes ocurrieron, según la comisión de fiscales, “en absoluta violación y desprecio a los estándares internacionales sobre derechos humanos, emitir el inconstitucional e ilegal Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre de 2019, justificando con ello una presunta inestabilidad pública y eximiendo de responsabilidad penal al personal militar”.

El caso, cabe recordar, primero se encontraba en manos de la Asamblea Legislativa, pues el Gobierno presentó una proposición acusatoria en su contra. Sin embargo, éste nunca fue tratada y el Ministerio de Justicia decidió tratar que el caso se dirima en la vía ordinaria, amparado en el antecedente de que la justicia ya definió que Añez no tiene el privilegio de someterse a un juicio de responsabilidades dentro del llamado ‘caso EBA’.

En pasados días, Añez envió una carta al vicepresidente del Estado y presidenta nato de la Asamblea legislativa, David Choquehuanca, para pedirle que viabilice el juicio de responsabilidades en su contra.

Añez, cabe recordar, ya cumple una sentencia de 10 años de cárcel por el caso llamado “Golpe de Estado II”, en la que se la acusa por los delitos de  incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.