El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este martes que la Fiscalía decidió ampliar la denuncia contra la expresidenta Jeanine Añez por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves cometidos en noviembre de 2019, durante la llamada masacre de Senkata.

“Memoria, Verdad y Justicia. El Ministerio Público ha informado al Juez Cautelar Primero de la ciudad de El Alto la ampliación del proceso penal por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves contra Jeanine Añez Chavez quien será juzgada por la Masacre de Senkata” (sic), informó el Ministro de Justicia a través de su cuenta de Twitter.

Ya en el pasado mes de diciembre, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, había informado que el Gobierno solicitó a la Fiscalía General del Estado que, en el caso Masacre de Senkata y Sacaba, se amplíe la denuncia por la vía ordinaria en contra de Jeanine Áñez.

“Se ha presentado una solicitud de ampliación de denuncia a la Fiscalía General del Estado por el caso de las masacres de Senkata y Sacaba. Dicha solicitud está radicada en la Fiscalía Departamental de La Paz y la Fiscalía Departamental de Cochabamba”, indicó Siles en esa oportunidad.

La solicitud del Gobierno, y aceptación de la Fiscalía, se ampara en que, en otro caso que se sigue a Jeanine Añez, denominado como ‘caso EBA’, la Sala Constitucional Primera de La Paz decidió que la expresidenta y exsenadora sea juzgada por la vía ordinaria y no por un juicio de responsabilidades.

La Justicia asumió esa determinación porque, justificó, Añez no acreditó de manera documentada que, en 2019, luego de la renuncia del expresidente Evo Morales, hubiera adquirido la investidura presidencial siguiendo los rituales constitucionales previstos, razón por la cual no puede ser juzgada como expresidenta.

Además, cabe recordar que Jeanine Añez ya cumple una condena de 10 años de cárcel por el caso llamado ‘Golpe de Estado II’.

Las masacres en 2019

El 14 de noviembre de 2019 Áñez y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 4078 que eximía de eventuales juicios penales a los militares, para ejecutar operativos en noviembre de ese año.

Dicha norma sirvió como un aval para que las Fuerzas Armadas (FFAA) en coordinación con la Policía repriman a la población movilizada en contra del gobierno de Áñez y que reclamaba respeto a la democracia.

El 15 y el 19 de noviembre de 2019, el accionar de las fuerzas conjuntas de la Policía y las Fuerzas Armadas en Huayllani–Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) dejó el saldo de más de una treintena de personas fallecidas, 184 personas heridas y 224 personas fueron detenidas.