El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que el Gobierno nacional mantiene un diálogo permanente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se dé cumplimiento pleno a todas las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI).

En esta línea, detalló que el año pasado se desarrolló la Cumbre Contra la Discriminación y que se trabaja en la reforma de la justicia, iniciando con la transformación de la escuela que forma a 171 abogados para ser jueces bajo la nueva mentalidad de independencia y con valores constitucionales.

“También hemos incorporado un nuevo mecanismo para elegir a magistrados mediante el voto. Este proceso será resultado de un gran acuerdo nacional que se propuso desde el primer momento”, dijo.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) realizará el lanzamiento de la convocatoria pública para la selección de los candidatos, de los cuales serán electos los nuevos magistrados por dos tercios de votos.

“Estamos comprometidos para darle al país los mejores magistrados con un buen procedimiento y trabajar entre todos; este proceso es fundacional y fundamental”, acotó.

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) prevé un presupuesto de Bs 204 millones para ejecutar las elecciones judiciales, que podrían llevarse a cabo durante el último trimestre de esta gestión.

Por otro lado, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, informó el sábado que una delegación de la CIDH arribará a Bolivia el 23 de enero para verificar los avances de las recomendaciones del GIEI.

Se prevén reuniones con autoridades del Ministerio de Justicia, la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia, además de organizaciones de víctimas de Senkata, Sacaba y El Pedregal.

“El GIEI emitió 36 recomendaciones, de las cuales 15 fueron priorizadas, como el inicio, continuación y finalización de los procesos de investigación de las masacres de noviembre de 2019”, recordó.

El viceministro adelantó que se está realizando una sistematización de todos los avances de las recomendaciones para ser presentadas a la delegación de la CIDH.

En diciembre de 2019, la CIDH y el Estado boliviano suscribieron un acuerdo para apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones de los derechos humanos ocurridos en noviembre de 2019, durante el Gobierno transitorio de Jeanine Añez.