La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó este jueves que el proceso en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el ‘caso golpe de Estado I’ se desarrolla en el ámbito judicial, por lo cual consideró política la movilización convocada por diversas entidades cívicas a partir del 10 de enero.

“Éste es un hecho judicial, está en etapa de investigación y ahí se están conociendo muchos casos, dentro de ello ha sido informado por el Ministerio de Gobierno los movimientos económicos (de Camacho), son 4,5 millones de bolivianos (movidos) en ese periodo y ése es solo el inicio de varios elementos que se están generando”, indicó Alcón en declaraciones a la prensa.

Basada en información del Ministerio Público, la autoridad recordó que Camacho, expresidente del Comité Pro Santa Cruz durante las protestas de 2019, conocía que en diciembre de 2020 se presentó la denuncia por los hechos del 2019.

En el marco de ese proceso, el Gobernador de Santa Cruz fue citado en cuatro ocasiones por el Ministerio Público, entre octubre de 2021 y octubre de 2022, pero no acudió a ninguna convocatoria, a diferencia de otros actores que sí lo hicieron.

Ello sucedió, por ejemplo, con el expresidente Carlos Mesa quien el 17 de junio de 2021 acudió al Ministerio Público, aunque se abstuvo de brindar declaraciones ante la Comisión de Fiscales que investiga la denuncia presentada por la exdiputada del MAS-IPSP Lidia Patty.

“Se ha notificado (a Luis Fernando Camacho) desde octubre de 2021 a octubre de 2022. Conocía, ustedes conocen que el señor Mesa ha sido convocado y ha asistido y luego seguía el señor Camacho, cuatro veces ha sido convocado y no ha prestado sus declaraciones como cualquier ciudadano”, argumentó.

Camacho debe responder por su actuación en las protestas de 2019, en las que su papá José Luis Camacho Parada “cerró” con lo policías y militares para que no salgan a reprimir a la población y se viabilice la “ruptura del orden constitucional”.

Incluso Camacho, de acuerdo con la Comisión de Fiscales, habría “propuesto constituir un Gobierno Cívico Militar”.

Luego de su aprehensión, Camacho invocó su derecho a guardar silencio y no declaró ante la Comisión de Fiscales. El 30 de diciembre, la justicia ordenó la detención preventiva del gobernador cruceño por el lapso de cuatro meses en el penal de Chonchocoro.

El miércoles, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló que entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019, Camacho hizo movimientos bancarios por al menos Bs 4,5 millones, los cuales habrían ido a financiar el “golpe de Estado” de noviembre de 2019.

Lejos de refutar estas evidencias, el movimiento cívico nacional, reunido en Santa Cruz, determinó iniciar movilizaciones, de forma escalonada, a partir del 10 de enero  en todo el país.

La Viceministra no dudó en calificar de “política” la convocatoria, defendió el accionar del Ministerio Público y rechazó las aseveraciones de que Camacho habría sido secuestrado. Insistió en el hecho de que el gobernador cruceño conocía del proceso,

“Nosotros entendemos esto como un tema político, hay familias que piden justicia y necesitamos que aquello se genere en ese marco”, insistió Alcón.

No obstante, aseguró que el derecho a la protesta de todos los sectores está garantizado en tanto no vulneren la normativa u ataquen o dañen la infraestructura pública. Afirmó que los autores serán procesados.